Agronegocio

La comunicación interna del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la mayor institución “técnica” del agro argentino, es clara: prohíbe a sus trabajadores utilizar el término “agrotóxico” en escritos y publicaciones institucionales. Insta a llamarlos, como proponen las empresas que los venden, “agroquímicos” o “plaguicidas”.

"Ya que su empleo implica una posición valorativa negativa (sic) y en cambio "se debe" emplear "fitosanitario" (o agroquímico), sin importar su etimología, no solo valorativa sino claramente tendenciosa y falsa: "sanador de plantas", en línea con el marketing de la industria química".

El pedido de no hablar de “agrotóxicos” es una necesidad de continuar negando que el uso de estos productos es una práctica sistemática que requiere este modelo para la propia subsistencia de las ganancias y no un mero problema de “malas prácticas”.

Las continuas inundaciones en Argentina alertan sobre el cambio climático, pero sus efectos indican causas locales: desmontes, avance del agronegocio y pérdida de la capacidad de absorción de las napas. Las consecuencias de un modelo que desborda.

A través de una carta pública dirigida a la Presidenta del Congreso de la República, AIDESEP denuncia las graves consecuencias que el Proyecto de Ley 00075-2016-CR del congresista Carlos Tubino tendría para los bosques que constituyen los últimos millones de hectáreas de árboles de caoba del país y para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) del área involucrada.

La empresa Tuniche, exportadora de semillas de maíz transgénico, híbridos y de fruta – como Tunichefruits – se apropió de las aguas de los habitantes de la cordillera de Nahuelbuta, según denuncian esas comunidades.

Na manhã desta sexta-feira (28), cerca de 300 militantes do MST do Distrito Federal e Entorno paralisam a BR-020, na altura do Km 20, em Formosa do Goiás. A obstrução da via ocorreu por volta das 8h.

Grileiros devastam áreas públicas, para que tenham valor comercial. Expulsam agricultors, com milícias privadas. E vendem as “propriedades”, contando com ausência do Estado. No final de março, Temer cortou pela metade fiscalização do Ibama.