Perú

El Congreso de Perú aprobó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes.

Miles de campesinos en el norte de Perú que se oponen a un proyecto de oro de la estadounidense Newmont cercaron una laguna dentro del emprendimiento y prometieron detener un eventual transvase de sus aguas que planea realizar la minera, para avanzar con su plan de 5.000 millones de dólares.

"Las política de promoción de cultivos agroenergéticos y de expansión agrícola en la Amazonía peruana lideradas por el Ministerio de Agricultura, y en específico del cultivo de palma aceitera, viene propiciando la deforestación de áreas boscosas, el tráfico de tierras para fines agropecuarios u otras actividades que afectan la cobertura vegetal, el uso sostenible y la conservación del recurso forestal."

Alrededor de cuatro mil comuneros y ronderos de las provincias de Celendín, Cajamarca y del distrito de Bambamarca, capital de la provincia de Hualgayoc, llegaron hasta las cercanías de la laguna El Perol a fin de protegerla de la empresa minera Yanacocha que planea trasvasar sus aguas como parte de los trabajos del proyecto minero Conga.

Más de dos mil pobladores de Sechura marcharon hoy lunes 10 de junio por las calles de Piura en protesta contra el proyecto gasífero “Punta Lagunas” de la empresa colombo-coreana Savia que según ellos amenaza contaminar la bahía de Sechura.

"Mientras el Estado no realice una reforma interna que permita la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones que les afecta no podremos cerrar la herida abierta de Bagua y se mantendrá un orden de cosas injusto, excluyente y marginador de un importante sector de la población peruana."

"El Estado peruano tiene una deuda pendiente hacia los pueblos indígenas amazónicos: garantizarles la propiedad de sus tierras. A nuestro modo de ver, esto implica también devolverles la propiedad sobre sus tierras forestales, eliminado las figuras legales que las retienen en poder del Estado."

El reciente paquete de medidas adoptadas por el gobierno de Ollanta Humala indican que éste está dispuesto a sacrificar el patrimonio natural, cultural y derechos de las poblaciones locales a fin de que las inversiones sigan fluyendo.