Paraguay

En todo Paraguay, 900.000 personas han sido desplazadas por el avance de la frontera agrícola. Recientemente, cien familias Avá Guaraní, de la comunidad indígena Y’apo, en Corpus Christi, departamento de Canindeyú. Significa además deforestación en función de la expansión del monocultivo de soja y la ganadería.

El gobierno paraguayo debió aceptar hoy ante una reunión con dirigentes de las más importantes organizaciones campesinas la gravedad de la desaparición de la agricultura familiar en el país y la creciente extranjerización de la tierra.

El Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos registró el asedio sobre las comunidades rurales, que se dio a través de desalojos, atropellos, amedrentamientos. Resaltaron además la declaración estatal de que Marina Cue es del Estado paraguayo, el logro de Sawhoyamaxa en la Cámara de Diputados, el índice de deforestación récord del 2013, la corrupción estatal-política en torno a las tierras de San Agustín y la opinión del Banco Mundial de que el sector agroexportador local debe pagar más impuestos.

"Consideramos que este agravio al buen nombre de nuestra organización forma parte de un nuevo frente de ataque para criminalizar a los movimientos campesinos e indígenas que venimos luchando por el derecho a la tierra y el territorio y el derecho a una alimentación adecuada, en el marco de la soberanía alimentaria."

"La “masacre de Curuguaty” se ha convertido en uno de los casos más graves de violación de derechos humanos y criminalización de las luchas sociales en América Latina, en cuyo trasfondo se encuentra la demanda del acceso a tierra y a alimentación adecuada. La sociedad paraguaya exige la aclaración de los hechos que ocasionaron la masacre, así como la investigación y condena de sus responsables morales y materiales."

Más de 260 jóvenes de Paraguay se han quedado sin tierras por culpa de un caso de acaparamiento. Sin un lugar donde cultivar, no tienen futuro. Pedimos al presidente Horacio Cartes que resuelva este caso y se comprometa con los jóvenes de su país.

La Laguna S.A. justificó la violencia en Y’apo. El fiscal Lorenzo Lezcano advirtió hoy que la empresa actuó sin orden judicial. Acusaron a los nativos de “invasores” y “violentos”. Matones de la empresa atacaron la comunidad con el fin de desalojarlos, según denunciaron los nativos.

"Repudiamos la actitud ilegítima, maliciosa y atentatoria de los derechos humanos de la firma Laguna S.A., quienes el día domingo 15 de junio de 2014, por medio de “guardias privados”, procedieron a ingresar a la citada comunidad indígena, y con armas de fuego dispararon contra los miembros de la comunidad, atentando contra la vida e integridad física de los mismos, dejando más de una decena de heridos, algunos de ellos en estado delicado."