Paraguay

Denunciamos el anuncio de desalojo, destrucción de cultivos agrícolas de la comunidad Jorge Martínez de la localidad de Sidepar 3000, Distrito de Jasycañy, Dpto. de Canindeyú. El asentamiento de aproximadamente 560 hectáreas, se encuentra ocupado por 50 familias campesinas desde el año 2008.

Luego de la memorable victoria que significó para los presos políticos del caso Curuguaty la concesión de la prisión domiciliaria, la Justicia paraguaya se tomó un desquite y le dio un baldazo de agua fría a la alegría de los presos, sus familiares y la gran cantidad de personas que se solidarizan con ellos. Ayer, 15 de abril, luego de dos días del levantamiento de la huelga de hambre, los cinco presos políticos del caso Curuguaty fueron dados de alta y trasladados a la oficina de Judiciales del penal de Tacumbú para realizar los trámites de las medidas alternativas a la prisión. Luego, se dirigieron a sus domicilios en Curuguaty. Una vez en allí, se encontraron con la orden de detención de Rubén Villalba, quien fue interceptado y detenido por orden del Juez de Garantías Carlos Goiburú, en una causa por ocupación de tierras del año 2008.

Un juzgado de Garantías en Paraguay ordenó este martes enviar de nuevo a la cárcel a Ruben Villalba, uno de los cinco campesinos paraguayos acusados por una matanza en 2012, pese a que el sábado las autoridades habían decidido que Villalba cumpliera su pena con arresto domiciliario, lo que había motivado a los campesinos en huelga de hambre a la culminación de una protesta.

El Tribunal de Saltos del Guaira modificó de oficio la prisión preventiva. 5 presos por el caso Curuguaty están hace 58 días en huelga de hambre solicitando la medida alternativa. Tenían más de 21 meses presos, sin ser juzgados.

Desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo- CLOC en la Vía Campesina, reiteramos nuestra solidaridad permanente con las hermanas y hermanos del Pueblo de Paraguay.

Cinco campesinos sin tierra, acusados injustamente por la Fiscalía que investiga la masacre de Curuguaty, en Paraguay, están realizando una huelga de hambre que ya lleva 53 días (desde el 14 de febrero) y se encuentran en situación preocupante, exigiendo su libertad (o, en todo caso, prisión domiciliaria) ante la falta de pruebas y muchas irregularidades que se perpetraron en el proceso judicial que se lleva en contra de ellos y otros campesinos y campesinas inocentes.

"Para mejor ubicación y visualización cronológica de hechos que marcaron a fuego a hombres y mujeres del campo, el autor aborda dos puntos decisivos en el tema de la lucha por la tierra en el Paraguay: por una parte, el pasado de los obrajes yerbateros-madereros, de lo que tantos testimonios nos dejó Rafael Barret; y ese actual ecocidio, que es la plantación desenfrenada de los sojales, de la que hoy nos dan sus testimonios los sobrevivientes campesinos arrasados, y expulsados por la coacción física de los poderosos, cuando no por la irradiación deletérea de los agrotóxicos."

El viernes pasado, la Articulación por Curuguaty (AxC) informó sobre las medidas cautelares solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington DC, Estados Unidos, en el caso masacre de Curuguaty, e igualmente respecto a las medidas alternativas que se solicitan para los huelguistas de hambre que hoy cumplen 50 días de ayuno total.