Oxfam lanza campaña mundial contra el acaparamiento de tierras en Paraguay
Oxfam inició hoy una campaña mundial de recogida de firmas para exigir al Estado paraguayo que recupere unos terrenos donde se produjo una masacre de campesinos y policías en 2012, que provocó el cese del entonces presidente, Fernando Lugo, caso paradigmático del conflicto por la tierra en el país.
La organización, con presencia en 90 países, lanzó la campaña para pedir al presidente paraguayo, Horacio Cartes, que entregue a las familias de la ciudad de Curuguaty (este) la parcela que los campesinos ocupaban antes de ser desalojados el 15 de junio de 2012.
"Sin tierra no hay futuro para el campesinado", dijo hoy en una rueda de prensa Concepción Oviedo, representante de la Articulación Curuguaty, que asocia a 40 organizaciones civiles que desde hace dos años siguen el caso.
Oxfam recordó que Paraguay ostenta el reparto de la tierra más desigual de América Latina. Según la organización, un 2 por ciento de la población posee el 85 por ciento de la superficie agraria del país.
El 92 por ciento de la superficie cultivable del país se usa para el monocultivo de soja transgénica, principal rubro exportador de Paraguay, donde, a pesar de ser el cuarto exportador mundial de este cultivo, las empresas que se dedican a ello no pagan apenas impuestos, según denunció la organización.
Oxfam abrirá la campaña en otros países como EE.UU., México, Brasil, Colombia, Perú y España.
El 7 de mayo lo hará en Barcelona, donde ya el pasado fin de semana, incluso antes del lanzamiento oficial, recogió unas 3.000 firmas de las 150.000 o 200.000 que pretenden conseguir, según datos de la ONG.
La matanza de Curuguaty se produjo cuando un grupo de unos 300 agentes de la Policía intentó desalojar a una treintena de campesinos que habían ocupado una finca de la localidad que querían que formara parte de la reforma agraria.
Cinco labriegos fueron acusados de intento de homicidio por la muerte de los policías, mientras que no se han explicado las circunstancias del fallecimiento de once de sus amigos y familiares en el enfrentamiento, ni hay ningún imputado por ello.
Los sucesos llevaron a la destitución una semana después por parte del Congreso del entonces presidente, el izquierdista Fernando Lugo, tras un controvertido juicio político, y al nombramiento en su lugar de Federico Franco, del Partido Liberal (derecha).
"Uno de mis hijos murió, otros dos fueron heridos de bala y enviados a la cárcel. Después de casi dos años y de pasar 58 días de huelga de hambre los dejaron volver a casa, en prisión domiciliaria. Espero que pronto recuperen su libertad", dijo a Efe Mariano Castro, padre de tres de los campesinos que ocuparon la finca.
Multitud de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, recuerda Oxfam, han denunciado que el proceso de investigación de la masacre "tiene varias irregularidades", y que "existen indicios serios de que nueve campesinos fueron ejecutados por agentes de la Policía durante el desalojo".
El fiscal encargado del caso, Jalil Rachidm, ha negado que hubiera ejecuciones extrajudiciales.
Las tierras en disputa están en manos de una empresa de la familia de Blas Riquelme, un fallecido líder del gobernante Partido Colorado, la cual pidió expulsar a los campesinos para usarla como plantación de soja, mientras que el Estado mantiene un litigio legal desde hace años porque asevera que le pertenecen.
Oxfam aseguró en un comunicado que las tierras son públicas, pues fueron donadas al Estado en 1967, que desde entonces las usó para un destacamento de la Marina, de ahí su nombre, Marinakué, en guaraní: tierras de la marina.
Además de tentativa de homicidio, los campesinos afrontan cargos de asociación criminal e invasión de inmueble ajeno.
"Si las fincas de Marinakué son entregadas a las familias víctimas de la masacre, los campesinos acusados, y que irán a juicio el 26 de junio, podrían quedar exentos del cargo de invasión de inmueble ajeno; desarmando así el argumento de la acusación presentada por la Fiscalía", manifestó la organización.
Fuente: Terra