México

Las reformas legales que en estos días se están consumando en el Congreso de la Unión para transformar profundamente el régimen de extracción del petróleo y el gas, así como la generación de energía eléctrica, representan una segunda desamortización de las tierras y los recursos naturales, similar a la que se vivió en el país en el siglo XIX, pero más profunda.

"Desde el proceso de reforma constitucional en materia energética en 2013 hasta la etapa actual de discusión de sus leyes secundarias, organizaciones civiles y sociales, articuladas en la Alianza Mexicana Contra el Fracking han alertado a las y los legisladores sobre la amenaza que representa para el ambiente, la sociedad y los derechos humanos la exploración y explotación de hidrocarburos no convencionales, como el aceite y el gas de lutitas (shale gas, shale oil), por medio de la técnica de fracturación hidráulica (fracking)."

La consolidación de la vía legislativa para consumar el despojo de tierras en favor de las trasnacionales plantea desafíos a la centenaria resistencia indígena. En especial se vulnera el objetivo estratégico de reconstituir los pueblos indígenas con el eje de su autonomía territorial. El marco jurídico precario a nivel nacional se amplió a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que dio entrada plena a tratados internacionales, como el convenio 169 de la OIT, entre otros, colocados en el mismo nivel que la Constitución.

El 22 de julio, un juez de distrito en Yucatán, respondiendo al amparo de organizaciones de apicultores, campesinos y ambientalistas, anuló un permiso otorgado a Monsanto para sembrar soya transgénica en Yucatán, por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Jorge Fernández, del Colectivo MA OGM, refirió que con esta decisión se prohíbe, por ahora, la siembra de soya transgénica en el estado de Yucatán, lo cual se suma a las sentencias en el mismo sentido que se emitieron en Campeche, en marzo y abril de 2014, a favor de apicultores mayas.

Documental sobre la resistencia de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, contra los megaproyectos de muerte.

Cuando el poder ejecutivo no puede evitar las manifestaciones en las calles, o es condenado por la represión, interviene el legislativo para legalizar el uso de la fuerza y la restricción de derechos.

"San Lorenzo de Huitzizilapan es una de las trece comunidades afectadas por la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan, que conectará la lujosa zona de Santa Fe con el aeropuerto internacional del estado de Toluca. El domingo seis de julio, los opositores a esta obra realizaron una cadena humana para impedir la asamblea donde se daría el cambio de uso de suelo de tierras ejidales y la respuesta del gobierno municipal fue la represión y violencia para imponerles una obra que destruirá su territorio."

La plaga de la roya y el coyotaje influyen en la escasez y el alza de precios del aromático, pero el verdadero problema para las comunidades es la necesidad de cultivar otros alimentos.