Ecuador

Comunidades de la Amazonía ecuatoriana lanzaron un alerta al mundo para denunciar los daños ambientales causados por la estadounidense Chevron-Texaco. Exigen una indemnización que asciende a los 6 mil millones de dólares

Estos documentos permitirán ser “elementos clave” que justificarán y alimentarán la posición ecuatoriana, de pedir a Colombia la suspensión definitiva de las aspersiones aéreas en la zona fronteriza, así como la utilización inminente “del principio de precaución”

Las comunidades afectadas por la actividad minera han decidido continuar con el levantamiento que se inició el 5 de junio, solicitando que el Presidente de la República se pronuncie urgentemente sobre la situación de las comunidades con la presencia de las empresas transnacionales y el retiro de las concesiones a las mismas

Los tristemente célebres grupos de poder económico y maderero Peña Durini y Alvarez Barba se oponen a la veda forestal ya que tras años de reivindicaciones se busca parar su desenfrenada y abusiva extracción maderera en los bosques, propiedad de todos los ecuatorianos

Alberto Acosta, el flamante nuevo Ministro de Energía y Minas del Ecuador, acaba de proponer un giro sin precedentes en la política petrolera, a saber, dejar en tierra los mil o mil quinientos de barriles de petróleo pesado de los yacimientos (llamados ITT) del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana, un territorio con indígenas Huaorani, con algunos grupos apenas contactados

Reiteradamente representantes de la población de la zona de Mompiche han manifestado su preocupación por la constante tala de manglar en la desembocadura del río del mismo nombre

Decreto establece la veda total de corto plazo de seis meses para las especies forestales de bosque nativo, entendiéndose como tal la prohibición a la corta y aprovechamiento de árboles, la movilización y comercialización de productos forestales de especies de bosques nativos

Quito, junio 21- La Corte Federal de Nueva York, negó la demanda planteada por Chevron Texaco, con la cual pretendía obligar al gobierno ecuatoriano a someterse a un arbitraje, para evadir la jurisdicción de las Cortes de justicia ecuatorianas, en el juicio que le siguen 30.000 ecuatorianos por daños ambientales y sociales