Colombia: encuentro comunal por la vida digna de la región

En esos ejercicios de discusión se crearon mesas de trabajo, que fueron moldeando la ruta que deberíamos seguir. Es así que en una de las asambleas, con la asistencia de 13 juntas de acción comunal, se determinó que la problemática tenía la siguiente composición:

1) Hay una estrategia de desplazamiento forzado por parte del estado, sustentada en la lucha contra el “narcoterrorismo”, la cual hace una muy eficiente combinación de las formas de lucha, pues se fumiga con glifosato, se erradica los cultivos ilícitos, se judicializa y, según las informaciones de los campesinos, se asesina labriegos, haciéndolos pasar por guerrilleros.

2) La crisis humanitaria que se produce por la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, es una consecuencia de la política de estado, la que termina por desarticular la organización social y por lo tanto se genera el desplazamiento a los centros urbanos para el control social y el abandono del territorio.

3) El objetivo final de esta política es el control absoluto de la tierra como principal medio de producción y el control de los recursos naturales renovables y no renovables que se encuentran en ella para entregárselos al gran capital transnacional y multinacional para el saqueo de los mismos, dejando a la población en la miseria.

Identificada esta problemática con sus variables, la decisión siguiente es que había que fortalecernos con otras juntas de acción comunal de los municipios vecinos y compartir la experiencia. En ese sentido, las siguientes asambleas se han desarrollado en distintas veredas, sumándose cada vez más comunidades de los municipios de Yondó, Remedios, Cantagallo y San Pablo. Una asamblea fue de 21 juntas, después otra fue de 35, la siguiente fue de 60 veredas.

La evolución de la discusión ha tocado temas como la venta de predios, marco en el cual se lanzó una campaña para que no se vendan las tierras, aunque se continúa el negocio entre campesinos colonos para mantener a estos en sus parcelas. En ese sentido tomó un interés perentorio el levantamiento de la suspensión de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra, como principal mecanismo de protección al campesinado y prevención al desplazamiento forzado. Hoy se ha convertido en uno de los objetivos de este encuentro.

El señor Uribe (que ha estado desprestigiado, al igual que todo el conjunto del gobierno a causa de la para-política) tiene el sartén por el mango en todos los sentidos, pues hoy los desplazados por las Fuerzas Militares no son considerados desplazados dentro de la ley. Es decir que miles de campesinos están siendo desterrados de sus territorios en las zonas de colonización, y si se acercan a buscar la ayuda del estado afirmando la condición de desplazados y quién fue el responsable, no tenemos derechos. Nos toca mendigar el asistencialismo, es la realidad actual.

A esto se le suma toda una descarga de legislación como la ley forestal, la ley de reforma agraria y la ley de semillas, en alistamiento de una configuración legislativa para recibir el Tratado de Libre Comercio, el que hoy también está un “poquito” desprestigiado y detenido por el congreso estadounidense. Ojalá que ese tratado no se apruebe, pues caeremos a un pozo profundo. El análisis de los campesinos plantea la necesidad de visibilizar lo que está ocurriendo como consecuencia de esa política en nuestra región.

Es así que debido al asesinato de Carlos Mario García, joven de 21 años miembro de la ACVC, por parte de tropas del Batallón Calibío del Ejército Nacional, una reacción del campesinado fue concentrarse en un campamento de refugio temporal interno, en la vereda Puerto Nuevo Ité del municipio de Remedios, como una medida para protegerse de los atropellos de los militares, pues llevan una lista de 23 personas. Desde el día 1 de abril se desarrolló este campamento, que contó con la solidaridad de diversas organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación, entre otras, que visitaron y visibilizaron esta situación.

A pesar del fracaso, continúan las fumigaciones

Para argumentar por qué no son viables las fumigaciones, la revista Semana dice lo siguiente: “ en 2001, encontraron cerca de 170 mil hectáreas; en 2002, 144 mil, y en 2003, 113mil. Hasta acá se ve una notable reducción. Pero las cifras vuelven a subir. En 2005 vieron 139 mil. A eso se suma que, según varios estudios, los resultados no son favorables. Un reciente informe emitido por el propio gobierno norteamericano revela un incremento del número de hectáreas cultivadas con coca en el país. El balance habla de 157.200 hectáreas sembradas en 2006”.

Es decir que si comparamos las hectáreas sembradas en el 2001 y las del 2006 hay una reducción solo de 13 mil hectáreas en siete años, a las cuales les han inyectado alrededor de 586 millones de dólares por año, es decir unos 4.102 millones en siete años, es decir más o menos con el dólar a $2.000 serían unos $8.204.000 millones de pesos. Pero las fumigaciones continúan por encima de toda propuesta razonable como la sustitución, pero no hay resultados. Cualquiera que tenga conocimientos mínimos de economía sabe que si rebaja la oferta de un producto en el mercado, su precio aumenta.

En ese sentido la revista Semana plantea, “ lo que se puede mostrar es que el precio es estable. El kilo de coca se mantiene en Estados Unidos en 35 mil dólares ($70.000.000) desde hace años. Eso demuestra que la oferta sigue intacta”, y en las regiones productoras de coca se lo pagan las mafias del narcotráfico al campesino cultivador el kilo de base a mil dólares, es decir unos $2.000.000, es decir que en la cadena productiva del alcaloide, los cultivadores de hoja se quedan sólo con el 0,35% y la intermediación y el mercado de consumo se queda con el 99,65%. Son cifras muy diferenciadas, ya que en la lucha contra las drogas, los muertos y desplazados los ponen los pobres de este país.

En una reflexión sensata que cualquier ciudadano común podría hacer, si ese dinero utilizado en las fumigaciones y la erradicación manual se usara en proyectos productivos para los campesinos y desplazados que hoy viven con menos de un dólar diario, hipotéticamente podríamos decir que al menos no habría tanta sangre derramada y tantas hectáreas de coca sembrada y esos suelos produciendo alimentos para el pueblo colombiano.

Por lo tanto en las regiones agrarias, continua la crisis humanitaria generalizada. Se prepara el gobierno para las próximas fumigaciones y nuestros territorios y recursos naturales, están siendo protegidos por el Ejército Nacional para entregárselos a las multinacionales.

El análisis debe continuar ya que el desprestigio del gobierno del señor Uribe y todo el tema de la para-política, demuestra que este estado tiene una gran deuda que saldar. ¿Cuándo la pagará? No sabemos, pero hasta que eso no suceda, no dejaremos de clamar justicia por la sangre que ha sido derramada.

Nos encontramos hoy con nuevas fumigaciones, en el sur de Bolívar desde el 25 de junio están siendo fumigados los cultivos de pancoger, el proyecto de cacao de la Zona de Desarrollo Integral y pastos, que han sido afectados por la aspersión aérea indiscriminada.

El Foro Comunal Regional

El 13 de junio se realizó el primer Foro Comunal Regional por la vida digna y la defensa de los recursos naturales, al cual asistieron cerca de 600 delegados de los municipios de Remedios, Yondó, Cantagallo, San Pablo, Simití, Santa Rosa y Puerto Wilches, entre otros. Los gobiernos local y departamental, que habían sido invitados, brillaron nuevamente por su ausencia.

A raíz de este intento fallido de escuchar respuestas de la institucionalidad y que el Ministerio de Agricultura determina que no puede levantarse la suspensión de la Zona de Reserva Campesina, argumentando que “ la segunda división del Ejército Nacional plantea que no hay condiciones de seguridad, porque en estas zona hay cultivos de coca y hay guerrillas de las FARC y ELN”, 400 campesinos decidieron colectivamente y en asamblea, quedarse en la ciudad de Barrancabermeja y declararse en Campamento de Refugio Humanitario, y se tomó la decisión de ocupar las instalaciones del antiguo comisariato de Ecopetrol, e instalar allí este campamento.

Como producto de la toma, nos reunirnos con el presidente Álvaro Uribe Vélez, y se le plantearon las tres problemáticas descritas, a lo que respondió:

1. Crisis humanitaria: que él le pedía al Ejército y Policía eficacia y transparencia y que las violaciones a los derechos humanos van a ser investigadas, pero que necesitaba construir lazos de confianza entre la comunidad y la fuerza pública, y para eso se designará un funcionario de la Vicepresidencia de la República que estaría en la región durante tres meses como lazo entre las organizaciones y la fuerza pública.

2. Zona de Reserva Campesina: el presidente plantea que se haga una reunión con el ministro de Agricultura, el director del Incoder, Acción Social, Ministerio de Minas y Energía y la fuerza pública, con el objeto de iniciar algunas obras de electrificación rural, plan de titulación a los campesinos y proyectos productivos, y que se reanude la agenda pendiente al levantamiento de la Zona de Reserva Campesina, pues esta no se puede levantar porque los militares tienen objeciones y que en esta mesa debe estar la fuerza pública.

3. Fumigaciones: el presidente dice que las fumigaciones no van a parar y que para los cultivos lícitos fumigados hay una partida para indemnizar.

Los campesinos, reunidos en asamblea general en el campamento de refugio humanitario, planteamos lo siguiente:

1. Que en vista de la crisis humanitaria generalizada, es imperativo la creación de una comisión de verificación en terreno de las denuncias que hemos realizado. A esta comisión deben asistir las autoridades civiles, la Vicepresidencia, Defensoría, Procuraduría, y las organizaciones sociales presentes en la región. Esta comisión fue acordada por el gobierno y el campamento de refugio humanitario.

2. Que el campamento de refugio humanitario no se levanta de las instalaciones del antiguo comisariato de Ecopetrol hasta que hayan las condiciones que permitan solucionar la crisis humanitaria que ha originado el campamento. El informe de la comisión de verificación debe plantearse el 5 de julio en la mesa de diálogo con los ministerios e instituciones ya mencionadas.

El campamento propuso tres sitios para la visita: vereda La Poza (Cantagallo), casco urbano de San Pablo y vereda Lejanías (Remedios). La comisión de verificación convocada por Vicepresidencia de la República, Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo. Participó también la ACVC, Cahucopana, Humanidad Vigente, Credhos y la USO. De los sitios propuestos inicialmente se visitaron La Poza y San Pablo, en los cuales se recibieron más de 80 denuncias por violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Pero las violaciones a los derechos humanos continuaron: el 27 junio la fuerza pública muestra un guerrillero dado de baja en combate, otro falso positivo. Se trata del señor Cruz Aldelio Brand, presidente de la junta de acción comunal de la vereda La Unión (de Yondó, Antioquia). Una viuda más, y continúa la impunidad.

La pregunta que nos hacemos es: ¿Cuál será el próximo campesino asesinado? Pero como dice el dicho, “ no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”. Es el momento que los colombianos reflexionemos sobre el estado colombiano y el gobierno de Uribe Vélez, este “estado social de derecho” en el que vivimos con tan alto porcentaje de impunidad, un congreso vinculado con la “parapolítica”, reducción de los recursos de la salud y a la educación, la privatización de lo nuestro y entrega de lo que nos queda a las multinacionales. Es hora de que articulemos el movimiento social colombiano para construir una verdadera democracia con paz y justicia social.

Fuente: Agencia Prensa Rural