Chile

Comunidades ven «con preocupación cómo se ha estado manejando a nivel nacional esta emergencia, ya que al tomar medidas generales para la población no se a considerando las distintas realidades socioculturales y demográficas del país».

La comunidad mapuche demanda protección para los presos políticos en las cárceles de la Araucanía chilena tras ser expuestos al riesgo del COVID-19 por falta de los cuidados correspondientes. Entre ellos, el lonko Facundo Jones Huala se encuentra en cuarentena después de  entrevistarse con una funcionaria judicial que tenía síntomas antes de la visita. 

Frente a la nueva Resolución, en consulta pública, sobre transgénicos del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, que establece normas para la importación, siembra confinada, permanencia y acondicionamiento de material de propagación genéticamente modificado y deroga la Resolución N°1523 de 2001, las organizaciones y personas abajo firmantes manifestamos nuestro rechazo a esta nueva resolución exprés porque vemos que tiene como único objetivo facilitar la comercialización y legalizar los cultivos de organismos genéticamente modificados (transgénicos) destinados al mercado interno. Hasta ahora en Chile sólo están permitidos los cultivos transgénicos para la producción de semillas de exportación.

El Servicio Agrícola y Ganadero SAG puso el 1 de abril en “consulta pública”–en plena pandemia, estado de emergencia y cuarentena – un decreto hecho a la medida de Pioneer, Bayer/Monsanto y sus socios. El decreto se conoce ya en Francia, desde donde nos alertaron. La norma regula el “acondicionamiento, permanencia y liberación al ambiente” de semillas transgénicas importadas, y también de las desarrolladas en Chile.

"En las huertas se va integrando y produciendo un conocimiento ancestral y tradicional en donde el recuerdo de cómo lo hacían los antepasados está siempre presente y, por esas acciones de la oralidad, se produce un espacio de conservación y soberanía alimentaria a nivel familiar; conversando se conserva".

Con la consigna de quedarse en casa, no en silencio, Anamuri denuncia la insistencia del gobierno de Piñera en mantener, a como de lugar, el funcionamiento del sistema económico por sobre el resguardo de la salud y la seguridad de la población frente a la crisis del COVID-19. Trabajadores y trabajadoras rurales están expuestos a mayor explotación e indefensión en el contexto de la pandemia. 

El 16 de marzo del año 2020 será recordado como un hito en la ardua lucha que han dado organizaciones y comunidades en la defensa de los ecosistemas nativos. Tras varios meses de discusión y análisis, la Contraloría General de la República fue tajante en poner fin a una errónea interpretación que hacía CONAF de la Ley 20.283 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal o “Ley de Bosque Nativo”) y que involucra al sector agrícola-forestal: se determina como incompatible la corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas bajo el amparo de esta ley.

Una peligrosa presión están ejerciendo empresarios de la industria salmonera y camioneros concesionarios que dependen de estos, luego de las medidas sanitarias para el archipiélago de Chiloé que han logrado las protestas sociales para que se establezcan medidas sanitarias con el fin de resguardar la salud pública de la población ante la emergencia sanitaria por la pandemia Covid 19 y las faltas de condiciones hospitalarias para enfrentar una crisis por contagios.