Argentina

El incendio que se desató días atrás en la zona del Barrio el Mirador, cercano al cruce de la Ruta Nac. 40 y la Ruta 6 que une este sector rionegrino con la localidad de El Maiten (Chubut), en pocos días devoró más de 8 mil has de bosque nativo e implantado. También arrasó con los sectores de pastoreos de animales, generó pérdidas materiales difíciles de reparar y puso en peligro las viviendas de cientos de pobladores mapuche y campesinos. 

En el mes de Noviembre del año 2020, el Juzgado Federal Civil y Comercial Nro 8 de la Ciudad de Buenos  Aires, le reconoció a la empresa Monsanto (firma en manos de Bayer) el derecho de patente sobre la secuencia genética que le da tolerancia a mayor cantidad del herbicida glifosato a los cultivos de Soja (“robusta tolerancia” textual), y también le daría un mayor rinde (+7 %). Según Monsanto, ello es resultado de una tarea inventiva que merece el otorgamiento de un derecho de patente.

Una barrera en la consecución de la soberanías alimentaria y tecnológica

Un país es soberano cuando puede tomar sus propias estrategias de desarrollo, establecer  sus políticas de estado, las cuales deberían perseguir el objetivo de satisfacer todas las necesidades de sus ciudadanos, así como el respeto de TODOS los derechos humanos. Es decidir, por ejemplo,  con autonomía como se manejarán los bienes comunes naturales, así como se distribuirán equitativamente los beneficios generados, no sólo los económicos,  respetando el deseo y cosmovisiones de sus habitantes.

Tal como lo hicieron hace 15 días, desde la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable se apostaron ayer en la esquina de San Martín y 9 de Julio con la intención de juntar firmas que respalden la petición que lleva como lema “Paren de fumigarnos”.

Un nuevo modelo productivo libre de agrotóxicos es urgente. La demora es inadmisible. Es hora de gobernar priorizando y garantizando la salud de la ciudadanía.

En las últimas semanas la discusión sobre la presencialidad de las clases en pandemia acapara buena parte del debate público. Los riesgos que entraña para la salud de la comunidad educativa, de estudiantes, docentes y no docentes y sus familias, delimita las posibilidades de su instrumentalización, y su forma concreta dependerá mucho de la presión que ejerza cada sector social y político, como con cada tema durante este largo año pandémico. Tanta preocupación mediatizada por la salud y el aula, contrasta con la situación de miles de escuelas rurales que son forzadas (desde hace años!) a convivir con los agrotóxicos que el modelo productivo dominante libera al ambiente en buena parte del territorio nacional, vulnerando derechos esenciales ante la vista de todos los poderes del Estado, y gestiones de todo tipo y color. 

Ante la permanente suba de los precios de los alimentos, el Presidente Alberto Fernández señaló la responsabilidad del agronegocio. Fecofe y MNCI Somos Tierra plantean distintas miradas sobre las retenciones, proponen políticas impositivas, apuntan al rol de los supermercados y grandes empresas y remarcan la necesidad de priorizar a los pequeños productores.

La organización ecologista difundió su informe anual, donde señala que pese a las restricciones por el COVID-19, durante el 2020 se deforestaron 114.716 hectáreas. Las provincias donde más acción tuvieron las topadoras fueron Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. Las emisiones de CO2 por esta causa equivalen a casi cuatro millones y medios de vehículos en circulación durante un año.