América del Sur

Entre en 18 y 21 de febrero se realizó el Taller Regional Andino sobre Agricultura, liderado por la Alianza Social Continental-ASC y sus contrapartes en Quito Ecuador.

La sociedad, la economía, el quehacer político y el ambiente atraviesan profundas trasformaciones en la región sudamericana, y especialmente en la Amazonia. Algunas de ellas continúan inadvertidas, sea por desconocimiento, omisión o connivencia.

Organizaciones feministas, religiosas y de defensa del medio ambiente en Chile emitieron una declaración sobre el proyecto extractivo Pascua Lama, llevado a cabo por la trasnacional minera de origen canadiense Barrick Gold en la provincia chilena de Huasco y en la provincia argentina de San Juan.

La importancia de inventariar y reconstituir un repertorio de alternativas tecnologías de larga data, es tan igual a las generadas por los sistemas tecnológicos modernos; pero las primeras tienen una gran ventaja, de utilizar materiales locales y estar sustentadas por cientos de años de aplicación en agroecosistemas determinados, por lo tanto su validez para enfrentar los riegos del cambio climático es tangible.

"El llamado extractivismo, que incluye la explotación minera y petrolera, tiene una larga historia en América Latina. A partir de esas actividades se han nutrido las corrientes exportadoras, desempeñaron papeles claves en las economías nacionales, pero también han estado en el centro de fuertes polémicas por sus impactos económicos, sociales y ambientales."

Promovidas como "bosques cultivados", las plantaciones de monocultivos forestales avanzan sobre el bosque nativo y la pradera de Argentina, Brasil y Uruguay afectando el ambiente y la vida de las comunidades, afirman mujeres rurales.

La violación del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado quedó claramente establecida en la Audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló sobre los impactos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

El cerco contra las comunidades se acentúa. La violencia privada y estatal va atada de una política que privilegia los negocios petroleros, mineros y forestales.