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“Conforme avanza el tiempo detectamos una actitud aún más intimidatoria y de presión por parte de las autoridades encargadas del Tren Maya, quienes pretenden obligarnos a aceptar la pérdida de nuestros barrios y decir que se trató de un acuerdo consensuado y pacífico”, denunciaron habitantes de la comunidad de Candelaria y de San Francisco, en Campeche.

Las corporaciones y sus socios siempre han demonizado las luchas populares en defensa de la salud y el ambiente. Lo que hoy es una novedad es que empiezan a aparecer voces contra el ambientalismo desde otros sectores que se definen progresistas.

“Resistiendo al modelo agrobiotecnológico”, es el título del libro escrito por médica María del Carmen Seveso, activa investigadora y denunciante de los impactos del agronegocio en el Chaco. Integrante de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo, la autora relata con precisión las consecuencias sanitarias del uso de agrotóxicos, las luchas en los territorios y la complicidad de los gobernantes. Fue editado por CB Ediciones.

El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, dijo que las comunidades están en su 196 día de “resistencia”, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

En lo que va de 2021 por lo menos tres defensores del agua han sido asesinados en el país, igual número de casos que en todo el año anterior. Los crímenes han sido dirigidos hacia activistas que luchaban contra el despojo provocado por pozos de agua de empresas trasnacionales, proyectos hidroeléctricos y construcciones que arrebatan el líquido vital a sus comunidades.

Projetos de Lei que tramitam na câmara ameaçam regulamentar ocupações de terra irregulares, alterar as regras de demarcação e liberar a mineração em terras indígenas e flexibilizar a concessão de florestas públicas.

Desde la ausencia de consulta previa hasta irregularidades de funcionamiento de todo tipo pasando por la falta de un estudio completo de impacto ambiental: el puerto que la transnacional Cargill opera desde 2003 sobre el río Tapajós, en el estado de Pará, se saltea alegremente normas ambientales elementales, pasa por encima de los derechos de los pueblos indígenas que allí viven y tiene consecuencias económicas negativas sobre la región.

El pasado 29 de junio la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul aprobó un proyecto de ley (260/2020) enviado por el gobierno que modifica la legislación sobre el uso de agrotóxicos en el estado. La nueva norma apunta a permitir la importación y el uso en cultivos de productos prohibidos en sus países de origen.