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El acuerdo presidencial que blinda los proyectos y obras del gobierno federal fomenta la «utilidad privada y despojo público», así como representa «una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados» por los megaproyectos, aseguraron organizaciones indígenas y campesinas, colectivos y activistas.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) presentó un documento que detalla once propuestas normativas para prevenir otro suceso como el reciente derrame de petróleo en el mar peruano. Se plantean acciones concretas para responder oportunamente a emergencias, evitar la impunidad para quienes son responsables, fortalecer la atención a la ciudadanía afectada por delitos ambientales y prevenir futuros derrames de hidrocarburos.

Desde la secretaria de género de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) se viene trabajando de manera sostenida para erradicar la violencia de género que padecen las mujeres en el campo, en sus chacras. En conversación con Gladys Liliana Suvia, referenta de la secretaría de género, descubrimos cómo algunas plantas además de sanar el cuerpo ayudan a curar las heridas del alma.

Los habitantes de Cherán se preocupaban no solo por los daños medioambientales, sino también por los cárteles de droga, que se veían atraídos por el negocio fructífero, dedicándose a la extorsión violenta.

Dos nuevas plataformas petroleras han sido construidas en el corazón del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, reportó el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). Una de las plataformas se encuentra a 300 metros del área de amortiguamiento de la Zona Intangible del parque, creado para proteger el territorio de los parientes Waorani que viven en aislamiento. Este parque, además, es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo por su ubicación única en la intersección de la Amazonía, la Cordillera de los Andes y la línea ecuatorial.

Los habitantes han realizado manifestaciones por las diversas afectaciones a su salud, al territorio, el agua y la tierra, pues la mina ha ocasionado derrumbes, la tala de árboles avanza con velocidad y las enfermedades asociadas a la contaminación se presentan todos los días. Se han realizado mesas de diálogo, se ha pedido la intervención de instituciones y los pobladores han acudido con legisladores, pero la respuesta ha sido que “todo se hace conforme a leyes ambientales”, sin que las autoridades les muestren algún documento que avale la actividad minera. Al mismo tiempo, los pobladores han denunciado que ya son comunes las amenazas e intimidación en su contra, sin que haya ninguna protección para ellos.

Asume la conducción de Instituto Nacional de Semillas (INASE), Obdulio San Martín, un referente de las empresas semilleras en el país. Otro avance del agronegocio. Se viene nuevamente la discusión de la Ley de Semillas.

El pasado 21 de enero, el Juez Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, concedió un amparo a la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, ubicada en la zona sierra-costa del municipio de Chinicuila, contra el otorgamiento por parte de la Secretaría de Economía de títulos de concesión minera, por estimar que con ello se ignoró el derecho de la comunidad a ser consultada de manera libre, previa e informada.