Campañas y Acciones

El Banco Mundial y su Corporación Financiera Internacional (IFC), desde 1965 y 1976 respectivamente, han invertido y apoyado la expansión del sector de la palma aceitera en Latinoamérica, África, Asia Pacífico y Malasia, expansión que ha ido acompañada de graves violaciones a los derechos humanos, como son los conocidos casos de Indonesia o Colombia y de deforestación y cambio climático.

"Queremos alertar a la comunidad nacional e internacional que el proyecto de reforma constitucional en defensa del agua como derecho humano fundamental y bien público se encuentra en peligro. Luego de 18 meses, la iniciativa popular de reforma ve cómo se terminan los términos para su trámite."

Envíe una carta y exija el cese de la violencia y la garantía efectiva de que los aspectos críticos demandados por las organizaciones indígenas y campesinas sean incorporados en la ley.

¡Deciles a los diputados que se reúnan para dar despacho a la verdadera Ley de Glaciares! Cientos de proyectos de megaminería en la alta montaña nos señalan la urgencia que se sancione una ley que los proteja en forma íntegra. El martes 11 de mayo se reunirán los Diputados de la Comisión de Recursos Naturales y los Diputados de la Comisión de Minería, para dar tratamiento a los 5 proyectos de ley vigentes hoy."

La presa Gibe III pondrá fin al cauce natural del Omo, cuyas aguas fertilizan la orilla durante la crecida del río: cuando el caudal disminuye los indígenas aprovechan esa tierra fértil para sus cultivos. En una región castigada por las sequías, la presa tendrá consecuencias devastadoras para las fuentes de alimentación de los indígenas.

La Alianza Biodiversidad* llama a una acción inmediata de todas las personas y organizaciones comprometidas con la vida para frenar este nuevo atropello contra el Pueblo MISAK de Colombia.

Ante los gravísimos hechos ocurridos en San Juan Copala, denunciamos "al Gobierno del Estado de Oaxaca por su nula intervención para garantizar la seguridad de las personas y defensores de derechos humanos que iban en la caravana de observación de derechos humanos a la Agencia de San Juan Copala. A las instituciones estatales de Procuración de Justicia por su negligencia y aplicación de la justicia ante los hechos violentos que vive la comunidad indígena Triqui."

Exigimos se garantice la intengridad, la seguridad y la vida de los habitantes de las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, de los defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones aliadas, ante las amenazas de muerte recibidas por el proyecto de la presa El Zapotillo.