Servindi

"El narcotráfico avanza destruyendo el ambiente y la economía, corrompiendo al Estado y a la sociedad en un escenario de impunidad para los asesinos y abandono para quienes defienden su derecho a vivir en paz en sus territorios ancestrales".

Los pueblos indígenas de la Amazonía, representados por la COICA, y organizaciones de la sociedad civil, lanzaron un Plan de Vida para salvar la Amazonía. La propuesta fue presentada al cierre del evento virtual “El Grito de la Selva: Voces de la Amazonía”, realizado el 26 y 27 de febrero en el marco de la Asamblea Mundial por la Amazonía.

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) denuncia la intención oculta de que se realice una categorización de la Zona de Reserva Santiago Comaina (ZRSC) que podría derivar en una expropiación de la cordillera Kampankias, territorio ancestral del pueblo Wampis.

Durante el 2020 en los 9 países amazónicos hubo más de 2 millones de hectáreas de pérdida de bosque primario. Los países con la mayor pérdida de bosque primario en el 2020 son en orden de mayor a menor: Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador.

Cercadas y sin alimento. Así se encuentran unas 231 familias indígenas del municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia, Colombia. Según la Organización Indígena de Antioquia (OIA), las comunidades se encuentran confinadas debido a los enfrentamientos que se reporta en la zona entre grupos armados ilegales. Estos grupos les han prohibido salir para pescar o recoger los alimentos que cultivan, por lo que piden la intervención urgente de las autoridades colombianas.

Treintaiséis proyectos mineros a cargo de diez transnacionales buscan que México les concesione 537 mil hectáreas para extraer litio atizando una creciente especulación minera y presión sobre las tierras.

Derechos colectivos de al menos 585 comunidades en Perú son amenazados y afectados por proyectos extractivos y de infraestructura. La mayor parte de estas comunidades están ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas.

De las 184 comunidades afectadas en el país, 176 son vulneradas por proyectos que tienen vinculación a inversión nacional, revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados. La mayoría de casos está relacionada con proyectos mineros y de agroindustria.