Renata Bessi

La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.

"A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta. Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos".

Una investigación realizada por el sociólogo mexicano del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Omar Ernesto Cano Ramírez, revela que la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo ocurrieron entre 1990 y 2020.

En Oaxaca se han otorgado 322 concesiones mineras para extraer plata, oro, cobre y zinc, principalmente. Los Valles Centrales es la región con la mayor concentración de concesiones, un total de 87. Las organizaciones que forman parte del Juicio Popular y Comunitario Contra el Estado y las Empresas Mineras, realizado a mediados de octubre en la ciudad de Oaxaca, denunciaron que alrededor de 80% del territorio de los Valles Centrales, la región más poblada del Estado, está concesionado a empresas mineras del Canadá y Estados Unidos.

En los años 2012 y 2013 las empresas Monsanto, phi-Pionner y Dow AgroScienses intentaron, por primera vez, pasar del cultivo experimental y piloto, a la siembra comercial de maíz transgénico. Esta amenaza sigue en pie, pues las solicitudes que han presentado las empresas no han sido canceladas por el gobierno mexicano.

"La certificación individualizada de las tierras ejidales ha generado un nuevo mercado de tierras ejidales en el que participan empresarios foráneos. Este mercado, aunque legalmente permitido, significa el despojo del patrimonio comunitario principalmente para las mujeres, jóvenes y niños residentes de los ejidos y comunidades que no tienen derecho a participar en la toma de decisiones sobre el destino de las tierras ejidales y comunales."