OFRANEH

El 27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el texto del Convenio 169, convirtiéndose en un instrumento jurídico para la protección de los pueblos indígenas, los que hasta la fecha continuamos resistiendo los embates coloniales.

El colapso político y moral que se viene dando en Honduras es evidente en medio de la persecución que ha decretado el Estado contra las defensoras y defensores de la madre tierra, quienes vienen siendo aniquilados o encarcelados por el actual régimen.

El reciente naufragio de dos barcos pesqueros en menos de 24 horas en la Moskitia, tuvo como resultado el fallecimiento de 27 personas y ocho desparecidos, siendo este pavoroso percance, uno más en la cadena de fallecimientos como consecuencia del buceo con tanque, impulsado por la flota pesquera industrial radicada su mayoría en las isla de Roatán.

Reunidos en la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, Jutiapa, Atlántida los pescadores y buzos artesanales, patronatos, lideres comunitarios de las diferentes comunidades Garífunas y Nuestra Organización Madre OFRANEH (Organización Fraterna Negra Hondureña), el jueves 16 de mayo del 2019 para analizar la situación de abuso, persecución, agresiones y amenazas de la Fundación Cayos Cochinos y de la Fuerza Naval de Honduras, declaramos:

"El Bajo Aguan -donde se encuentra ubicado la comunidad de Guapinol- es el escenario de una guerra de baja intensidad que se ha venido librando en la última década, con más de un centenar de campesinos asesinados por las fuerzas de seguridad y guardias privados de las extensas plantaciones de palma africana"

"La propiedad comunitaria es vista por los organismos  financieros internacionales como un obstáculo para el desarrollo, y para ciertas universidades estadounidenses asociadas con el Departamento de Defensa, ven la propiedad comunitaria como informal".

"Para la OFRANEH es inaudito que el estado de Honduras, el cual viene expulsado a través de la violencia imperante y la corrupción, a miles de hondureños que huyen de desastres en que nos encontramos sumidos; utilice la violencia para acallar reclamos sociales ante la destrucción de cuencas hidrográficas, mientras protege a un gruspusculo de “empresarios” que se han dedicado a destruir el país".

"La repartición de licencias ambientales a partir del golpe de estado (2009), sin tomar en cuenta los impactos ambientales y económicos en las comunidades afectadas por proyectos de minería y energéticos; han generado un sinnúmero de conflictos sociales, causando asesinatos, persecución y criminalización de los defensores de los bienes comunes".