Medardo Ávila Vazquez

"La sociedad argentina se encuentra en una epidemia por ahora de baja intensidad pero amenazada por sus sectores más privilegiados, que exigen continuar agrandando su “bolsa” y no les importa la vida de las personas. Veamos cuál es la verdadera dimensión de la amenaza de la pandemia para los argentinos, recordando que se desarrolla o despliega en distintas etapas".

En nuestro país el cultivo de granos y oleaginosas se sustenta en la aplicación de agroquímicos. Desde la utilización sistemática de biocidas químicos en los cultivos genéticamente modificados (GM) de maíz, soja y algodón, se fue introduciendo y naturalizando su uso en otros cultivos. Hoy se aplican en grandes cantidades también sobre sembradíos de tomate, arroz, caña de azúcar, yerba mate, frutas de todo tipo, cebada y lúpulo cervecero e incluso en viñedos. 

En los últimos 10 años la agricultura salteña se expandió de la mano del agronegocio. Hoy la provincia cuenta con más de 1.000.000 de hectáreas sembradas con oleaginosas y legumbres (700.000 con soja transgénica, 200.000 con maíz y 200.000 con poroto). En este mismo periodo 1.200.000 ha fueron desmontadas, derribando monte chaqueño, selva de yunga y sobretodo el bosque del “Umbral del Chaco”.

El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para un nuevo Código Penal que incluye delitos como “contaminación” y otros “daños al ambiente”, pero está encaminado a garantizar IMPUNIDAD AMBIENTAL. El nuevo Código anulará la Ley de Residuos Peligrosos que incluía el delito de contaminación como un delito de peligro, ahora la figura será de resultado en daño real y grave que debe comprobarse y debe demostrarse que el daño es exclusivamente generado por la contaminación, algo imposible de demostrar en contextos ambientales, de esta manera, la Justicia quedara maniatada frente al extractivismo.

La Pampa prohíbe circulación de mosquitos de aplicación y la existencia de depósitos de agrotóxicos en todos sus pueblos y ciudades, Superior Tribunal de Justicia entrerriano prohíbe fumigar a menos 1000 metros de las escuelas rurales y el gobierno cordobés retrocede en su depredatoria autovía de montaña respetando las sierras y sus bosques.

"Es muy preocupante la situación sanitaria en Canals donde el Intendente y a la vez Presidente de la Sociedad Rural, Carlos Peiretti, sigue negando el impacto de los agrotóxicos en la salud de los vecinos y sigue cubriendo de impunidad al agronegocio del cual participa activamente".

El 63 % de las frutas, verduras y hortalizas que se consumen en Buenos Aires y La Plata (20 millones de personas) contiene agrotóxicos, según información del SENASA, extraída bajo la presión de un amparo judicial interpuesto por “Naturaleza de Derechos” (en cuyo informe se puede acceder directamente a los documentos del SENASA) (ref.1).

Publicación científica del Estudio de Salud Ambiental de Monte Maíz; por este trabajo sus autores fueron perseguidos por autoridades de la UNC vinculados al agronegocio con la intención de ocultar la información científica sobre los daños a la salud del actual modelo de agricultura tóxica.