Asociaciones civiles indigenistas y ecologistas lograron que se deje sin efecto el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán (Aspy), obligando a los gobiernos estatales a poner en marcha la consulta más grande en el país para que se conozca la opinión de los pueblos originarios en relación a las acciones que integra dicho acuerdo, que les han significado despojos.
