México: Comunidades indígenas exigen la consulta más grande del país
Asociaciones civiles indigenistas y ecologistas lograron que se deje sin efecto el Acuerdo de Sustentabilidad de la Península de Yucatán (Aspy), obligando a los gobiernos estatales a poner en marcha la consulta más grande en el país para que se conozca la opinión de los pueblos originarios en relación a las acciones que integra dicho acuerdo, que les han significado despojos.
Representantes del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, del Colectivo Semillas Nativas Much’Kanan I´inaj, Educe A.C y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (Anaa), dieron a conocer la obtención de estos amparos promovidos ante Juzgados de distrito en Yucatán y Chetumal, y que dejan sin efecto el Aspy.
Raymundo Espinoza Hernández, de Anaa, explicó que los sectores indígenas desconocen los alcances del Aspy que se desprende de la Agenda 2030 en materia de sustentabilidad, firmado en diciembre de 2016 por los gobernadores de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.
El pueblo indígena maya desconocía los acuerdos y han sido víctimas de discriminación, y en algunos casos de despojo, tal como lo sostuvo Pedro Uc, de Yucatán, quien afirmó que en al menos cinco comunidades se han instalado proyectos de energía eólica que han terminado en la venta a bajo precio de las tierras ejidales.
El representante de Anaa destaca que a raíz de ello, a principios de 2017 se promovieron estos amparos, aunque el de Yucatán fue rechazado por falta de personalidad jurídica, finalmente fue admitido.
En tanto, en el caso del amparo promovido en Chetumal, el Juez de distrito emitió una sentencia en contra de los quejosos afirmando que no hay interés legítimo ni jurídico para acudir al juicio de amparo, porque el acuerdo supone “no les causa ningún agravio”.
En esta resolución se reconoce la importancia del pueblo maya y pide que se abra la consulta a cada proyecto del Aspy, además determina que la totalidad del proyecto que impulsa el gobierno se debe consultar con la totalidad de las comunidades que integran el pueblo maya de la península.
Además ordena que se publique en los medios oficiales para tener valor y pide que el acuerdo sea traducido y difundido en maya.
Agrotoxicos peninsulares
María Colín Olmos, asesora legal de la organización internacional ambientalista Greenpeace México, denunció que el uso de agrotóxicos y cultivos transgénicos, que violan los derechos de comunidades y contaminan el ambiente, ya presenta consecuencias en la península de Yucatán.
La activista señaló que en el país las medidas de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados (OGM) han fallado o resultan ineficaces para garantizar la salvaguardia de la salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica y la sanidad animal, vegetal y acuícola.
Hace días, tras la presentación del libro Envenenados, de Patricio Eleisegui, que aborda el tema de Argentina, donde van dos décadas de la implementación de cultivos transgénicos y la aplicación de plaguicidas, señaló que “se ha consolidado como el ejemplo dramático de lo que genera una agricultura industrial y el crecimiento de la frontera agrícola entre ecosistemas y la salud humana. Las sustancias tóxicas han sido encontradas en alimentos, agua, aire, suelo e incluso habitantes de las grandes ciudades que tienen un grado irreversible de contaminación”.
Al respecto, la especialista precisó que es importante ahondar en las características de la práctica agrícola en Argentina, pues “arroja una clave para desarrollar estrategias que nos permitan anticipar el movimiento predatorio de las multinacionales, salvaguardar el requerimiento alimenticio, así como garantizar la seguridad sanitaria en la región”.
María Colín añadió que los casos dramáticos del impacto a la salud y medio ambiente que causan los plaguicidas químicos dan cuenta de lo equivocado que es seguir apostando a políticas de apoyo a monocultivos dependientes de agroquímicos y transgénicos bajo control de transnacionales.
“Hay que crear las condiciones para sacar del mercado los plaguicidas altamente peligrosos, especialmente los prohibidos en otros países, a la vez que promueva alternativas agroecológicas en un diálogo de saberes con las organizaciones de productores, academia y organizaciones no gubernamentales”.
Colín Olmos puso en contexto lo que sucede en la región maya de la península de Yucatán: “Es un caso que ya presenta consecuencias palpables por la implementación del modelo de agricultura industrial, basado en transgénicos y cócteles de plaguicidas.
“Lo que vemos son nulos, escasos o insuficientes mecanismos de inspección y vigilancia, y laxitud en las sanciones penales y administrativas a funcionarios que se abstienen de aplicar la ley, y para aquellos que la emplean a modo, o a los agricultores que han admitido sembrar cultivos genéticamente modificados de manera ilegal”, puntualizó la activista.
Ese escenario de ilegalidad, muchas veces avalado e incluso fomentado por las autoridades nacionales, beneficia los intereses de las empresas agroindustriales, en este caso del gigante Monsanto, denunciado ante un Tribunal Internacional de Conciencia en octubre de 2016 en La Haya, y en el reciente Foro Económico Mundial de Davos.
A ese listado de ilegalidades se suma la carencia de información y la enorme opacidad de la actuación gubernamental, además de una serie de obstáculos para su acceso por parte de la población en general, y por las comunidades mayas en lo particular, aun cuando son afectadas directas por la siembra ilegal de soya genéticamente modificada.
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
Fuente: La Jornada Maya