Giorgio Trucchi

Defender la tierra y los bienes comunes se ha vuelto cada vez más peligroso y la posibilidad de perder la vida, casi una certeza. En la última semana, tres activistas fueron asesinadas en Guatemala y Honduras.

La madrugada del 28 de junio de 2009, Honduras despertó con la esperanza de poder ejercer el derecho legítimo de decidir su propio futuro, algo que ni la oligarquía nacional, ni los militares, ambos coludidos con los sectores más conservadores y recalcitrantes de la política estadounidense, podían permitir.

A 39 meses del asesinato de la lideresa social y feminista, aún no hay sentencia escrita y los autores intelectuales caminan impunes.

Ana Núñez, joven trabajadora de Agromeza, propiedad de la transnacional palmera Grupo Jaremar, fue despedida el pasado 12 de diciembre junto a su marido Nelson Urbina. Su delito fue afiliarse al sindicato y exigir el respeto de sus derechos. Ante la difícil situación, Nelson no tuvo otra opción que sumarse a la caravana de migrantes.

El pensamiento político y el legado de Berta Cáceres fueron los temas abordados en el Foro “No se agüiten, compas”, organizado por la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, y realizado en el marco de las actividades que acompañaron el inicio del juicio contra los imputados por el asesinato de la dirigente indígena lenca.

A medida que se acerca la fecha de inicio del juicio se multiplican los intentos de minar la credibilidad de testigos e investigaciones independientes. Defender la tierra y los bienes comunes sigue siendo una actividad sumamente peligrosa.

"Cumpliéndose dos años de impunidad y falta de justicia, de falta de compromiso de un Estado cómplice en la búsqueda de quienes ordenaron y financiaron el asesinato, las palabras premonitorias de Berta son como rayos rasgando el cielo, sentando el principio de que NUNCA la podrán DOBLEGAR."

Con el hashtag #DefendamosALasDefensoras, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y 168 organizaciones de ámbito internacional, regional y local hicieron un llamado urgente para visibilizar el grave contexto de represión y criminalización que enfrentan movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos y, particularmente, las mujeres defensoras de derechos humanos.