Epidemia mortal
Defender la tierra y los bienes comunes se ha vuelto cada vez más peligroso y la posibilidad de perder la vida, casi una certeza. En la última semana, tres activistas fueron asesinadas en Guatemala y Honduras.
El 14 de septiembre, Paulina Cruz Ruiz, autoridad ancestral Maya Achi, fue asesinada por desconocidos en Baja Verapaz. Su esposo aún se debate entre la vida y la muerte.
Paulina fue muy activa en los procesos de organización comunitaria y promovió acciones legales contra proyectos mineros que amenazaban al territorio.
El 8 de septiembre, Mirna Suazo Martínez, presidenta del patronato de la comunidad de Masca y defensora del territorio garífuna hondureño, fue asesinada por unos sujetos que irrumpieron en un local comercial de su propiedad.
Mirna y las comunidades de la zona han estado luchando contra la construcción de dos plantas hidroeléctricas y la posible instalación de una “ciudad modelo” o Zede.
Un día antes, el 7 de septiembre, en Guatemala, fue asesinada a tiros Diana Hernández Juárez, maestra, defensora de derechos humanos y coordinadora de la pastoral de medio ambiente en la comunidad de Monte Gloria, Santo Domingo Suchitepéquez.
Hasta el momento no ha habido detenciones, aunque para nadie es un secreto que, casi siempre, los ataques contra personas defensoras de la tierra y los bienes comunes tienen su origen en la imposición de proyectos extractivos y la colusión de estos con la política corrupta.
Epidemia
La muerte violenta de Paulina, Mirna y Diana es solo la punta de un gigantesco iceberg hecho de violencia e impunidad.
El último informe de Global Witness “¿Enemigos del Estado?”, publicado el mes pasado, dice que en 2018 fueron asesinados un promedio de tres activistas por semana, al defender sus tierras de proyectos mineros, agroindustriales y de generación de energía.
Una cantidad seguramente subestimada ya que los asesinatos de defensores y defensoras a menudo no se registran, y rara vez se investigan.
Incontables son los casos de violencia no letal y de intimidación, como amenazas, acoso, persecución, agresiones verbales y físicas, detenciones arbitrarias y procesos judiciales manipulados.
El sector más letal fue el de la minería (43 activistas asesinados), seguido de la industria extractiva, la agroindustria, la industria maderera y la generación de energía hidroeléctrica.
El 51 por ciento de los 164 asesinatos ocurridos en 2018 tuvieron lugar en América Latina, principalmente en Colombia (24), Brasil (20), Guatemala (16), México (14) y Honduras (4).
Filipinas es el país más mortífero con 30 personas asesinadas, la mitad de ellas en la lucha contra proyectos agroindustriales, mientras que Guatemala quintuplicó los ataques mortales en comparación con el 2017, convirtiéndose en el país más letal en términos de asesinatos per cápita.
La impunidad es absoluta: más del 90 por ciento de estos asesinatos quedaron impunes.
Estados y empresas de capital nacional y transnacional comparten responsabilidades ante esta epidemia mortal. Global Witness pudo vincular la mitad de los asesinatos señalados en el informe con las fuerzas de seguridad del Estado, guardias y otros actores privados.
Extractivismo
Acaparamiento, saqueo y militarización de territorios, criminalización de la protesta,
estigmatización de movimientos sociales y populares, inducción a la división comunitaria y represión contra dirigentes y activistas, son las principales herramientas que emplea el modelo y la cultura extractivista para imponer sus proyectos.
Dichos proyectos ̶ lamenta la ONG británica ̶ son impuestos sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, como prevé el Convenio 169 de la OIT.
Además, el sistema judicial se ha convertido en “instrumento de opresión contra quienes representen una amenaza al poder de gobiernos y empresas”, profundizando así la impunidad y legitimando los ataques contra personas defensoras de la tierra y los bienes comunes.
Global Witness responsabiliza también a los ‘inversores’, incluyendo a los bancos de desarrollo, que “están alimentando la violencia financiando proyectos y sectores abusivos, abandonando a las y los activistas amenazados a su suerte.
Ante esta situación, el informe señala que combatir las causas estructurales es la única prevención efectiva a largo plazo.
Esto significa “combatir la corrupción y la impunidad, garantizar y respetar los derechos territoriales”, así como “defender las salvaguardas ambientales y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y bienes comunes”, advierte Global Witness.
Fuente: Rel UITA