Darío Aranda

“La ley Monsanto.” Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro.

"El último día de libertad de los pueblos originarios. Un día antes de los 500 años de resistencia. Sin ir tan lejos. A un día de que se cumplan tres años del asesinato de Javier Chocobar, ocurrido el 12 de octubre de 2009. Un 11 de octubre que se ancla en aquello de cinco siglos igual."

Miguel Galván, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado por defender el territorio. Las responsabilidades, los desalojos, la soja, Monsanto y las víctimas de un modelo de corporaciones y gobiernos.

La UNC cuestionó la instalación de Monsanto en la provincia, explicitó su apoyo a los vecinos que rechazan la llegada de la multinacional, recordó que la “responsabilidad (de Monsanto) en el perjuicio ambiental para las poblaciones es motivo de movilizaciones sociales en el mundo entero” y llamó a respetar el principio precautorio.

"El 21 de septiembre es el Día Internacional contra el monocultivo de árboles. Un caso paradigmático en la Argentina es el de la provincia de Misiones, donde provoca las mismas consecuencias que el modelo sojero. Los campesinos exigen la expropiación de tierras a la multinacional Alto Paraná, el mayor terrateniente de Misiones."

"Chubut fue un punto de inflexión en la lucha contra la megaminería en Argentina. En 2002 y 2003 se realizaron masivas movilizaciones contra la actividad extractiva, con epicentro en Esquel, donde se logró aprobar una ley que prohíbe la actividad en la provincia.Una década después, una decena de ciudades de Chubut están movilizadas por el intento del gobierno de aprobar una ley que habilita el avance de las empresas mineras."

"El Consejo Plurinacional Indígena que reúne a organizaciones indígenas de once provincias exigen que, sobre la base de las leyes vigentes, se debe consultar a los pueblos indígenas, alertan que es un “retroceso” y reclaman que la propiedad comunitaria indígena sea legislada a través de una ley especial."

El Consejo Plurinacional Indígena y organismos de derechos humanos denunciaron que el proyecto de Código Civil se contradice con toda la legislación indígena vigente. Exigen que se respete el derecho a consulta y advierten que se equipara a las comunidades indígenas con los consorcios de edificios.