Darío Aranda

Se trata del sobrino de Félix Díaz, líder de la comunidad La Primavera. Según el padre del chico, un médico le dijo que “fue por una golpiza”. El gobierno formoseño lo desmintió y sostuvo que cayó de la moto porque estaba alcoholizado.

En la Asamblea confluyen sesenta organizaciones de siete provincias. Exigen una ley que frene los desalojos, critican el proyecto de ley de semillas y cuestionan al Poder Judicial.

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) cuestionó la llegada de la multinacional Monsanto a Córdoba y alertó sobre los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo agropecuario.

Las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en 2007 a la minera Barrick Gold y, a inicios de 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera (Osisko). Las asambleas socioambientales no dejaron de movilizarse, pero el gobierno de La Rioja tampoco se detiene: habilitó la actividad minera en una reserva natural y aprobó 21 proyectos de uranio, incluso en el distrito capital, donde está prohibida –por ley– toda actividad contaminante.

Una beba qom y su abuela murieron luego ser atropelladas por un gendarme. Ambas son de la comunidad La Primavera. Denuncian que “no fue un accidente” y apuntan a la disputa por el territorio. Los derechos humanos nunca llegan a los pueblos indígenas.

Una jueza determinó que un grupo indígena en Neuquén tiene derechos sobre un territorio a pesar de que un empresario posee el título de propiedad del lugar. Y negó el desalojo.

La Defensoría del Pueblo de la Nación presentó un informe sobre la situación rural en el noroeste de Salta. El texto advierte sobre posibles conflictos.

“La ley Monsanto.” Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro.