Darío Aranda

La empresa decidió suspender su actividad en el yacimiento Navidad, de plomo y plata, porque el gobierno local no logró aprobar leyes que amparen su accionar. La ley provincial 5001 prohíbe la actividad minera. Un logro de asambleas y pueblos originarios.

Monsanto es la multinacional de semillas y agroquímicos más poderosa del mundo. Cuenta con apoyo político y rentabilidad millonaria, y su modelo implica corrimiento de la frontera agropecuaria, desalojos rurales, desmontes y masivo uso de agroquímicos. Su desembarco en Córdoba de la mano de la Presidenta y del Gobernador, maíz para agrocombustibles, la nueva ley de semillas y la profundización del modelo.

Se trata del sobrino de Félix Díaz, líder de la comunidad La Primavera. Según el padre del chico, un médico le dijo que “fue por una golpiza”. El gobierno formoseño lo desmintió y sostuvo que cayó de la moto porque estaba alcoholizado.

En la Asamblea confluyen sesenta organizaciones de siete provincias. Exigen una ley que frene los desalojos, critican el proyecto de ley de semillas y cuestionan al Poder Judicial.

La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) cuestionó la llegada de la multinacional Monsanto a Córdoba y alertó sobre los efectos sociales, ambientales y sanitarios del modelo agropecuario.

Las localidades riojanas de Famatina y Chilecito fueron noticia nacional luego de echar en 2007 a la minera Barrick Gold y, a inicios de 2012, por las masivas movilizaciones contra otra empresa minera (Osisko). Las asambleas socioambientales no dejaron de movilizarse, pero el gobierno de La Rioja tampoco se detiene: habilitó la actividad minera en una reserva natural y aprobó 21 proyectos de uranio, incluso en el distrito capital, donde está prohibida –por ley– toda actividad contaminante.

Una beba qom y su abuela murieron luego ser atropelladas por un gendarme. Ambas son de la comunidad La Primavera. Denuncian que “no fue un accidente” y apuntan a la disputa por el territorio. Los derechos humanos nunca llegan a los pueblos indígenas.

Una jueza determinó que un grupo indígena en Neuquén tiene derechos sobre un territorio a pesar de que un empresario posee el título de propiedad del lugar. Y negó el desalojo.