Ana de Ita

Los escándalos por el saqueo de los territorios indígenas y campesinos como resultado de los proyectos energéticos y extractivos, los megaproyectos, la violencia, el crimen organizado o la urbanización salvaje ocultan el silencioso despojo verde, que también amenaza estos territorios y a sus dueños.

"Los bosques mexicanos están en la mira de nuevos actores nacionales e internacionales interesados en enajenar el control a sus legítimos dueños y para ello las políticas de conservación y la iniciativa REDD+ son una puerta de entrada".

Una alianza de empresas trasnacionales pro transgénicos se manifestó el pasado 29 de septiembre a fin de urgir la expedición de permisos para las siembras comerciales de maíz y soya transgénicos. Con su conformación refrendan que los modificados son una pieza clave para el control corporativo de los alimentos.

"A pesar de que en México aún no está legalizado el maíz transgénico, se consumen 123,000 toneladas de glifosato por año, lo que representa el 16.5% del consumo mundial de este veneno. El herbicida Roundup hecho a base de glifosato que produce Monsanto y que ahora está en todo el mundo, está aprobado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental) de los Estados Unidos pero ellos dicen que es clase II "altamente tóxico", la OMS dice que es clase I, "extremadamente tóxico" pero México dice que es clase IV, "ligeramente tóxico". Monsanto por su lado dice que este herbicida es biodegradable".

El campo mexicano ha cambiado sustancialmente durante los pasados 20 años y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha sido pieza clave. Uno de los efectos más evidentes es la concentración e integración regional de la producción y los mercados en favor de firmas trasnacionales. El gobierno mexicano eliminó las empresas estatales de regulación que operaban en el sector agropecuario.

En Oaxaca una vez más se alzaron las voces en contra del maíz transgénico durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos. Más de quinientos asistentes, procedentes de distintas regiones indígenas y de organizaciones sociales y civiles, acusaron al Estado mexicano de ser responsable de la contaminación transgénica del maíz nativo, en complicidad con las corporaciones transnacionales productoras de semillas, y exigieron al gobierno que no permita la siembra comercial de maíz transgénico en el norte del país.

Mientras las corporaciones agrobiotecnológicas presionan al gobierno para obtener los permisos de siembra comercial de maíz transgénico en el país, la semana pasada Bill Gates y Carlos Slim inauguraron un Complejo de Biociencias, o cluster para desarrollar semillas genéticamente modificadas como parte del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), en el estado de México, y pusieron en alerta a las organizaciones de la sociedad civil que se oponen a estos cultivos.

El 31 de enero, cerca de las 4 de la tarde la explosión en el edificio de Pemex borró todo lo que ocurría en sus alrededores. A unos tres kilómetros de distancia, una marcha arrancaba del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Invisibles para los medios de comunicación y para el país preocupado y con razón por la tragedia, la marcha fue la más grande hasta ahora, en oposición a la siembra de maíz transgénico en el centro de origen.