Transgénicos

Los productores argentinos de papa amenazan con recurrir a la justicia para frenar el desembarco en el mercado local de la primera papa transgénica autorizada por el Gobierno, la “Spunta Ticar” del grupo Sidus y la empresa Tecnoplant. Lo anticipó a  Revista InterNos el presidente de la Asociación de Productores de Papa Semilla de la provincia de Buenos Aires (APPASBA), Juan Pérsico.

"El TPP opera como un candado para los avances que podamos lograr  en materias fundamentales para la salud de todes, y un freno para demandas que son preocupación central de las mujeres, sobre todo las defensoras de sus territorios indígenas y/o campesinos, que sufren más directamente los daños a la salud en la familia y las consecuencias del daño ambiental".

La empresa Bioceres intenta aprobar y producir en nuestro país una variedad de trigo transgénico, resistente a la sequía y al herbicida glufosinato de amonio. En Agroindustria y entre los productores hay resistencias y desde las organizaciones ambientales advierten que, de aprobarse, desayunaríamos con veneno.

Retomamos la columna de Soberanía Alimentaria con Carlos Alberto Vicente, quien nos habló del reclamo de las organizaciones para que la empresa Bioceres ("supuestamente nacional") y algunos funcionarios locales  #NoSeMetanConNuestroPan.

Misiones - Advierten que el proyecto es inconstitucional porque se debió consultar previamente a las comunidades originarias. Explicaron que hay un plazo de quince días para responder, de lo contrario acudirán a la Justicia.

Empresa argentina Bioceres ofreció paquete tecnológico de semilla transgénica resistente a la sequía a altos personeros de Anapo en Santa cruz. Dos prestigiosos ambientalistas del país expresaron su rechazo por la aprobación de una nueva variedad de semilla transgénica de soya (HB4) dado que están en peligro 420.000 hectáreas cuya masa forestal será eliminada para fines del agronegocio del etanol y el biodiésel en Bolivia.

En la mañana del miércoles 13 de marzo, organizaciones sociales entregaron una carta dirigida al Ministro de Agricultura y Ganadería- MAG y al Procurador del Estado, para que se desista en la apelación a la sentencia emitida por el juez primero de Quevedo de enero del 2019, que obliga al MAG, entre otros puntos, a evitar el ingreso de semilla transgénica ilegal a los campos ecuatorianos.

"Consideramos urgente revisar ampliamente la Ley de Bioseguridad, hoy de organismos genéticamente modificados, para que se convierta en una normatividad que vele por nuestra seguridad en el ámbito biológico: en lo referente a los organismos genéticamente modificados, productos de la ingeniería genética y de la biología sintética y tecnologías que representan una amenaza a la salud humana y al ambiente. La bioseguridad debe cumplir con la función de monitoreo asignada al Estado".