Pueblos indígenas

La instalación de la nueva Convención Constituyente en Chile, el pasado 4 de julio, no sólo es quizás de los momentos más importante a nivel institucional del país, luego de más de 200 años de constituciones redactadas de manera antidemocrática, sino el inicio de un proceso inédito que puede transformar las bases coloniales, patriarcales y capitalistas mismas del Estado-Nación.

Integrantes de distintos pueblos originarios, partícipes de procesos de recuperación de tierras en la región sur del país, denunciaron que solo en el año 2020 registraron 86 agresiones en su contra.

La Comisión Sexta Zapatista para la Campaña Nacional Por la Verdad y la Justicia, informó que hasta este sábado los doces Caracoles zapatistas y sus respectivas Juntas de Buen Gobierno (JBG), habían recibido las actas de 756 poblados, comunidades, parajes y rancherías, de hablantes de las lenguas de raíz maya zoque, tojolabal, mame, tzeltal, tzotzil, cho´ol sobre la consulta popular.

A un año y medio de la declaración de la emergencia sociosanitaria de tres departamentos en Salta, las niñas y niños indígenas del Chaco salteño siguen padeciendo males relacionados con la malnutrición y mueren por enfermedades evitables.

Brasil Paralelo lança documentários que negam desmatamento e distorcem temática indígena com parcerias com o governo e investimento de ruralista.

Hace algunos años, en el marco del pensamiento crítico, se planteó un debate en torno a algunos conceptos fundamentales para el contexto latinoamericano de entonces; nos referimos a pachamamismo, extractivismo y desarrollo. Y en ese debate tuvieron un protagonismo central los pueblos indígenas, porque se puso en escena la cosmovisión que sostiene su existencia.

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) posteriores a la construcción de la presa hidroeléctrica de Belo Monte, en la Amazonia brasileña, son hasta tres veces mayores que las existentes previamente a la edificación del embalse, es la conclusión de un estudio científico que llevo diez años en ser realizado.

La Corte Interamericana ordenó al Estado ecuatoriano el retiro de 1400 kilos de explosivos mediante sentencia en 2012, pero hasta el momento permanecen distribuidos en siete hectáreas del territorio del pueblo kichwa Sarayaku.