Privatización de la naturaleza y la vida

“Bolsonaro debería ser juzgado por la Corte suprema de los crímenes contra la humanidad. El Amazonas es de la humanidad, la gestión la tiene Brasil, pero la tierra, la diversidad y el oxígeno son de la humanidad”.

La Organización Indígena Chiquitana (OICH) exige se declare el Estado de Desastre Nacional ante las políticas del gobierno que generan destrucción y la quema de bosques y la biodiversidad.

En los últimos días pueblos y gobiernos de todo el mundo han asistido a las consecuencias de los recientes y graves crímenes contra la selva amazónica. Las nubes de humo que se tomaron el sudeste de Brasil y, en especial, la ciudad de São Paulo, se conectan directamente con el aumento dramático de los incendios en diversas partes de la selva y zonas de transición con el Cerrado.

Protección forestal no avanza a pesar de compromisos gubernamentales de asegurar 19 millones de hectáreas de bosques bajo manejo integral y sustentable para el 2030.

"En este cuarto de siglo de conferencias, realizadas en distintos países en el mundo, poco y nada se ha logrado al respecto en términos de políticas climáticas concretas desde los Estados, que frenen el extractivismo existente. Muy por el contrario, han sido instancias que han dejado en evidencia la falta de compromiso por materializar grandes acuerdos a nivel global, no haciéndose cargo así de una crisis que tiene alcances no solo económicos y políticos sino civilizatorios".

"El inserto distribuido el domingo reciente, es violento e inaceptable, pues en el existe una omisión directa a nuestra historia contemporánea, donde el agronegocio solo ha significado el enriquecimiento de  grupos empresariales que acaparan el agua, que intervienen sus cauces y arroyos, degradan y contaminan la tierra con monocultivos y agrotóxicos, para su solo beneficio".

Existen hoy 13.378.912,63 hectáreas que están registradas en manos de extranjeros. En consecuencia, hay recursos naturales estratégicos que quedan dentro de las propiedades privadas sin establecerse un acceso público. Esto conlleva falta de control público, regulación sobre el impacto ambiental y provoca permanentes tensiones por el desalojo de las comunidades originarias.

Los despojos y muerte forman parte del conflicto agrario en la región de Livingston, este viernes 5 de julio 2019 en la finca Nuevo Edén en Chocón Machacas asesinaron a Isidro Pérez y Pérez de 85 años de edad y a Melesio Ramírez de 70 años, ambos ancianos dirigentes comunitarios del Comité de Desarrollo Campesino –CODECA-  mientras descansaban en un ranchón a las 10 de la mañana.