Privatización de la naturaleza y la vida

"Las Ministras y Ministros, y Autoridades del Comité Ministerial de Defensa de la Naturaleza del Estado Plurinacional de Bolivia, República de Cuba, República del Ecuador, República de Nicaragua, y la República Bolivariana de Venezuela, miembros de la ALBA – TCP, reunidos en la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, del 3 al 5 de noviembre de 2010, expresan su contundente rechazo a la privatización, monetarización y mercantilización de la naturaleza."

La libertad es patrimonio de todos y “todos nacemos libres en dignidad y derechos”. La libertad es un bien común, como lo es el oxígeno que respiramos, el color de una flor, el sonido de una cascada, el silencio o el murmullo de un bosque, el viento, el cosmos, el pensamiento, la velocidad de la luz o la capa de ozono. En este sentido, el suelo, el subsuelo mineral, el glaciar, el agua, no son recursos naturales sino bienes comunes.

O brócolis, ou pelo menos uma de suas muitas variedades, agora é o prato principal em uma disputa que poderia ter repercussões significativas para as indústrias de alimentos, de agroquímicos e agrícola da Europa e de todo o mundo.

"El día jueves 6 de mayo los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar se unen a los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador, a las comunidades campesinas, a los movimientos de mujeres, a los grupos de jóvenes para levantar la voz y demandar la no privatización de los territorios y la no privatización del agua."

Triunfo contundente de la masiva movilización indígena y popular en Quito, al lograr que la Asamblea Nacional del Ecuador posponga el debate y la aprobación de la Ley de Aguas para incorporar la posición y propuesta de los pueblos, en los nudos críticos de esta Ley, que hasta ahora favorecen la privatización del recurso.

El Tribunal Constitucional (TC) acogió a tramitación este martes la impugnación presentada por 34 diputados y apoyada por senadores, pescadores y el Centro Ecoceanos, contra la modificación a la Ley de Pesca y Acuicultura, que permite a las endeudadas compañías salmoneras hipotecar en sus bancos acreedores las concesiones acuícolas que son bienes nacionales de uso público.

"Llamamos a los senadores a rechazar esta verdadera “Ley de amarre” elaborada a la medida de los intereses de los bancos acreedores de una industria ambientalmente destructiva y socialmente irresponsable que intenta socializar esta billonaria deuda privada mediante la apropiación de bienes públicos, del dinero de los contribuyentes y la privatización de 1700 km".

La propuesta de ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa, a nuestro entender distingue claramente entre “los usos para riego, abrevadero de animales, acuacultura que garantice la Soberanía Alimentaria” y el aprovechamiento económico del agua, definiendo esta última como las actividades productivas destinadas al mercado interno y especialmente externo, que suponen inversión y permiten lucro del agua.