Carta abierta a los senadores chilenos para que no privaticen el Mar

Luego de un acuerdo a puertas cerradas entre funcionarios públicos, senadores, operadores políticos de gobierno y de la oposición, fue destrabado en la Comisión de Hacienda del Senado el proyecto que modifica la Ley de Pesca y Acuicultura y privatiza el mar. De ser aprobado en los próximos días, se entregarán concesiones de acuicultura a las salmoneras nacionales y transnacionales por 25 años renovables, lo que constituirá la privatización encubierta del litoral chileno. Este proyecto transformará Bienes Nacionales de Uso Público, en propiedad privada de compañías acuícolas y banqueros.

Estas concesiones podrán hipotecarse como garantía por los 2 mil 500 millones de dólares que adeudan las grandes empresas salmoneras a la banca acreedora. Con ello, los bancos nacionales e internacionales podrán rematar las concesiones en un plazo de 3 años si los titulares no pagan sus deudas. Entonces el sistema financiero será finalmente el gran ganador de la “crisis sanitaria salmonera” al controlar y administrar progresivamente las concesiones acuícolas. Esto se sumará a la entrega de una línea de crédito estatal a las salmoneras por US$ 450 millones, la cual será administrada por los bancos y avalada en un 60% con dinero de toda la ciudadanía chilena.

El proyecto contemplaba clausulas de caducidad de las concesiones si las empresas cometían prácticas antisindicales y violaban los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero la presión de la industria y los bancos eliminó todo esto. Ahora el texto afirma que la concesión no se renovará luego de 25 años, si hay tres sanciones judicialmente ejecutoriadas en tres ciclos productivos, pero esta norma solo regirá en centros de cultivo donde opera la concesión y no en las plantas de proceso, y además quedan excluidas las denuncias contra empresas subcontratistas. Como en los centros de cultivo no hay sindicatos y la mayoría son trabajadores subcontratados, las causales de caducidad son letra muerta e irreal.

Esta normativa constituirá un cheque en blanco para que las compañías nacionales y transnacionales noruegas, españolas y japonesas sigan abusando e incumpliendo la normativa laboral en un contexto de alta cesantía y de más de 60 trabajadores muertos en los últimos años. Esto, como producto de las fusiones, adquisiciones y quiebras que serán ejecutoriadas sin contemplaciones por los bancos acreedores al tener ya asegurada la recuperación de sus pasivos y la creación de un mercado de compra y venta de concesiones de acuicultura.

Por estas razones es que los ciudadanos, pescadores artesanales, comunidades indígenas, federaciones de trabajadores, mitilicultores, profesionales de las ciencias del mar, salud pública, empresarios turísticos regionales y organizaciones ciudadanas, llamamos a los senadores a detener en el Parlamento la aprobación de este impresentable proyecto, que es más propio de una republiqueta salmonera que de un país que será miembro de la OCDE.

Advertimos sobre los vicios de origen e inconstitucionalidad tanto en el proceso como en el contenido de este excluyente proyecto de ley que hipoteca el futuro de las regiones costeras, mercantiliza Bienes Nacionales de Uso Público y precariza los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los pueblos originarios y de las comunidades costeras.

Llamamos a los senadores a rechazar esta verdadera “Ley de amarre” elaborada a la medida de los intereses de los bancos acreedores de una industria ambientalmente destructiva y socialmente irresponsable que intenta socializar esta billonaria deuda privada mediante la apropiación de bienes públicos, del dinero de los contribuyentes y la privatización de 1.700 km. de litoral de Chiloé, Aysén y Magallanes.

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14 de diciembre de 2009

Fuente: Ecoceanos