Minería

“Barcarena não só poderá ser maior do que Mariana, como também pode colocar em xeque todo o poder da indústria extrativa do Brasil”. É o que declara ao TUTAMÉIA Charles Trocate, da coordenação nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), em entrevista exclusiva pela internet diretamente de Marabá, no Pará.

Décadas de organización comunitaria, indígena y campesina, de emblemáticos procesos de resistencia reprimidos con desproporcionada violencia política y criminalización, han sido el denominador común frente a los conflictos por la megaminería, conflictos que se exacerbaron durante el gobierno del presidente Correa, quien consolidó una institucionalidad, un marco normativo y un sistema represivo que hicieron posible y apadrinaron una suerte de festín minero.

Os projetos de mineração de chumbo, zinco, cobre, titânio e outros minerais em uma área que vai da bacia do rio Camaquã até São José do Norte, caso sejam implantados, provocarão um colapso social e ambiental na região, afetando comunidades tradicionais de pescadores artesanais e agricultores familiares.

31 de las 32 entidades federativas de país han conocido conflictividades en distintos grados de tensión. En México hay más de 15.000 conflictos sociales ligados a la industria minera, documenta la no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Movimientos sociales en Argentina llevaron a cabo una protesta en la región de la Patagonia, para oponerse a la concreción de la iniciativa minera conocida como Proyecto Navidad, de la firma canadiense Pan American Silver.

Haití es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático y los riesgos medioambientales que se derivan de la explotación minera son extremadamente importantes, señala el autor.

Denuncian discursos de minería responsable “como un engaño”. Cámara Minera de Chubut busca derogar la ley que prohíbe la megaminería desde 2003. Aranguren ya tiene borrador para modificarla.

Mientras que militares y policías hondureños asesinaban a más de 40 personas durante las protestas en contra de las elecciones robadas el 27 de noviembre de 2017, Aura Minerals y MINOSA (la empresa subsidiaria de ésta en Honduras) han desenterrado al menos 89 cadáveres, empleando actos de coerción y pagando a familias que viven en la pobreza por el “derecho” de trasladar a sus muertos.