Minería

Las asambleas ciudadanas socio ambientales que luchan contra la megaminería a cielo abierto expresaron su repudio absoluto al Pacto Federal Minero impulsado por el nuevo Subsecretario de Desarrollo Minero y ex CEO de la Barrick Gold, Mario Capello.

Queremos compartirles la entrevista que les hicimos hace poco a lxs miembros de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá que desde el 1ro de febrero están acampando frente a Tribunales para exigir Sentencia Ya! de la Corte Suprema de Justicia.

El hecho ocurrió pasada la medianoche en un viaducto entre la planta de Codelco Andina y la planta de filtración. En estos momentos se encuentra reunido el Comité de Emergencia en la ciudad de Los Andes, para analizar las medidas que se tomarán tras el derrame de concentrado de cobre que afecta a esta hora al río Blanco en la ciudad de Los Andes.

Pobladores del Centro Poblado San Francisco en Moquegua consumen agua potable con metales pesados en niveles superiores a los límites máximos permisibles, según informe de la Dirección Regional de Salud.

La industria minera extrajo 437 millones de metros cúbicos de agua durante 2014. Esto es agua suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit durante el mismo periodo.

Desde Diálogo 2000 y la Red Jubileo Sur/Américas, invitamos a apoyar la lucha del pueblo de Andalgalá, por la vida contra la megaminería. Pedimos a la Corte Suprema argentina, ¡Sentencia YA!

El anuncio por parte del gobierno de Mauricio Macri de quitar las retenciones a las exportaciones mineras, además de garantizar un incremento sideral de la ya de por sí millonarias ganancias de las empresas trasnacionales dedicadas a este tipo de explotación, obliga a realizar un balance de los doce años de política minero-energética dinamizada por el kirchnerismo, así como del papel que ha jugado el Estado, e incluso el sistema científico nacional, en el sostenimiento y agudización de este modelo.

En Perú existen al menos 45 conflictos socioambientales, lo que representa más de 68 por ciento de la totalidad de conflictos sociales en el país. Este alto índice está asociado a las tensiones abiertas por proyectos extractivos impuestos por el neoliberalismo.