Megaproyectos

La Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”, integrada por 15 parlamentarias/os, juristas y representantes de organizaciones sociales, sindicales y en defensa de Derechos Humanos de diferentes países, desplegó una intensa actividad en Honduras entre el 17 y el 21 de marzo de 2016. El asesinato de Berta Cáceres evidencia que Honduras es uno de los países más peligrosos para defensores de Derechos Humanos.

"Para mim, o problema, desde o início, não é que o Brasil precise de energia. Isso é lógico. Ninguém vai questionar isso. O problema é a captação da energia. Será que a única maneira de captar energia é sacrificar um rio do tamanho do Xingu? Porque o que está acontecendo é o sacrifício do meio ambiente, o sacrifício do rio."

En circunstancias oscuras y de momento impunes fueron asesinados Berta Cáceres y Nelson García en marzo en Honduras. Ambos lideraban la resistencia contra la construcción de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, porque amenaza al territorio del pueblo indígena lenca del que forman parte.

"Nuestra comunidad celebra la sentencia que ampara nuestra tierras y queremos decir a las autoridades de los tres niveles de gobierno que nuestra tierra no está en venta en el presente ni en el futuro".

La hidroeléctrica es señalada por asesinato de Berta Cáceres y de otros miembros de COPINH.

Indígenas nahuas demandan que se declare “libre de megaproyectos” el municipio de Zacapoaxtla, en el estado de Puebla, y que se reconozca su carácter pluriétnico.

"Rechazamos enérgicamente esta construcción, y señalamos que no permitiremos que se construya el mencionado proyecto, puesto a que representa un atentado y usurpación de nuestro territorio ancestral mapuche, sostiene el comunicado de las comunidades Mapuches agrupadas".

El rol de las empresas en la criminalización de personas y comunidades, muchas de ellas campesinas o indígenas, que defienden sus derechos relacionados con la tierra y el territorio es preocupante en toda la región. Con frecuencia son los actores privados quienes emprenden procesos penales en contra de líderes y dirigentes comunitarios para desestructurar los movimientos en defensa de las tierras y salvaguarda de los bienes comunes, y quienes hacen uso de mecanismos de seguridad privada que promueven amenazas, hostigamiento y ataques físicos en su contra.