¿Tren Maya? Auge de proyectos acaparadores, desprecio por la gente

Mientras no cambie el modo en que actúa el gobierno frente a las necesidades de los pueblos y de la nación, las soluciones integrales de largo plazo quedarán subordinadas a las ganancias de corto plazo y profundizarán los problemas socioambientales existentes.

Se ha promocionado el tren como un proyecto turístico, pero expresamente se omite señalar que responde al pro­yecto de imponer la integración industrial de la Península y el Caribe mexicano con la red ferroviaria nacional y la salida expedita de mercancías al Pacífico y al Golfo. No es fortuito que además del tren aparezcan trece proyectos eólicos en la península de Yucatán, dos Zonas Económicas Especiales (ZEE), un corredor industrial entre Mérida y Hunucmá, un “parque científico”, múltiples desarrollos inmobiliarios como “Eknakán”, o Country Lake de supuesto lujo (aledaño a los de­sarrollos industriales y tecnocráticos) y diversos proyectos turísticos en Quintana Roo.

Sin una licitación previa, se asignaron 44 millones de pesos a un despacho de abogados involucrado con la Se­cretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, así como con diversos proyectos energéticos (solares, eólicos, entre otros), inmobiliarios y de infraestructura; 32 millones de pesos a PricewaterhouseCoopers (PwC), involucrada con diversos megaproyectos en todo el mundo; y 24 millones de pesos a Steer Davies & Gleave México para la asesoría técnica. Jiménez Pons también señaló que se incluirá a Goldman Sa­chs, empresa relacionada con la crisis inmobiliaria de 2009 en Estados Unidos, y al Grupo Aeroportuario del Sureste, quien controla la mayoría de los aeropuertos del sureste del país. [1]

Se ha destacado, también, la necesidad de entrelazar las ZEE con el tren para el traslado de “aparatos tecnológicos”. La ubicación actual de las siete ZEE y su cercanía con las vías férreas evidencia los intentos de articulación industrial con la red ferroviaria. Por ello, un tren de pasajeros que movilice turistas a diversas ciudades enclave —las estaciones del tren— y las mercancías producidas en la península con las salidas hacia el mercado internacional y las ZEE supondría una mayor subordinación de la región al mercado mundial.

Contrario a lo señalado por el discurso convencional, la península está articulada al mercado internacional y nacional desde que producía fibras derivadas del henequén; con ello se subordinó no sólo la producción agrícola de la península, sino a los jornaleros mayas que eran prácticamente esclavos.

La actual situación de precariedad y miseria que viven algunas comunidades es reflejo de la progresiva inserción de la península al mercado mundial, no de una falta de inser­ción. Basta con observar los efectos ambientales y sociales que ha tenido la integración del Caribe mexicano al turismo internacional y la reactivación del puerto de Sisal y Progre­so. O el cinturón de diversión y tráfico sexual, de personas y drogas, que se va extendiendo en toda la costa oriental, de Cancún a Chetumal, incluida Playa del Carmen y ahora Puerto Morelos y Bacalar.

No obstante, existe otra forma de articulación que rara vez es mencionada: la península es el territorio contiguo más extenso donde se habla maya y se continúan las tradiciones de este pueblo. El gobierno se niega a reconocer la presencia histórica del pueblo maya y su pertinencia para la continuidad biodiversa y cultural de la Península.

La integración que proponen para la Península responde a un contexto de disputa por el control del Caribe mexica­no en relación al crucial Golfo de México. La ZEE de Coatza­coalcos abiertamente promociona su conexión con la red ferroviaria de Estados Unidos mediante el puerto de Mobile, Alabama y la de Chiapas su conexión con el Pacífico y Centro América. La ZEE de Progreso, a su vez, promociona su cone­xión con el extranjero, Veracruz, Chiapas y Ciudad de México; la de Tabasco su relación con el mercado mundial de petró­leo; la de Campeche su “vocación” agroindustrial; y la de Sali­na Cruz su salida hacia Asia. La conexión de estas ZEE a través de una red ferroviaria (el Tren Maya y el Tren Transístmico como una unidad indisoluble) articula el sector petrolero, el agroindustrial, la industria de plástico, del turismo, el comer­cio con Centro América y la manufactura de telecomunica­ciones, y pretende hacer del noroeste de Yucatán un nuevo emporio de la electrónica.

El Tren Maya no es únicamente el tendido de una línea férrea

Es la reactivación del Acuerdo para la Sustentabi­lidad de la Península de Yucatán (ASPY), actualmente frenado por amparos interpuestos por comunidades mayas, y el an­tiguo plan Puebla-Panamá renovado. Bajo el estandarte de la sustentabilidad, construirán unos 533 aerogeneradores en la península de Yucatán, cada uno de entre 90 y 200 metros de altura, 100 m² para cada plataforma con una profundidad aproximada de 12 metros. Esto equivale a mover unos 15 re­molques de tierra por cada aerogenerador en comunidades predominantes agrícolas, potencialmente alterando la capa­cidad de filtración de los suelos y deforestando extensiones importantes de selva.

Quien ha seguido el devenir de los acaparamientos de territorio en las tres entidades de la Península de Yucatán, pudo espantarse del literal desbocamiento de por lo menos 50 empresas para promover el ASPY junto a los gobiernos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre otras Cemex, Grupo Bimbo, Best Day, Grupo Modelo, Ingeniería y Desa­rrollo de Yucatán, la Universidad Interamericana de Desa­rrollo y la Universidad Tecmilenio, Cuauhtémoc Moctezuma Heineken de México, la Fundación de Desarrollo Yucateco, más la ya conocida promotora de la tutela empresarial de cualquier conservación: TNC (The Nature Conservancy). Ya la gente le llama con burla el Acuerdo de Saqueo de la Pe­nínsula de Yucatán.

El ASPY era la activación coordinada de parques eóli­cos y fotovoltáicos, proyectos de intensificación de cultivos en invernaderos industriales. Siembras en monocultivo en grandes extensiones (sobre todo soya rezumante de agro­químicos y máiz híbrido industrial), programas de servicios ambientales, “economía verde”, bonos de carbono, granjas industriales de cría de cerdos y aves, reservas de la biosfera y desarrollos inmobiliarios, túristicos, industriales y de innova­ción científica con la vieja idea de volver la península la joya de la corona de las inversiones.

Así lo señala Angélica Pineda en Expansión [2]. Ahí no sólo nos alerta de la intención de volver el noroeste de la Península un nuevo Silicon Valley; nos muestra el mo­mento de la Península en que se puso en venta. “Yucatán está viviendo un momento muy importante en emprendi­miento”, dice Randy Cruz, fundador y CEO de la empresa Zenzzer, expansiva red social plena de aplicaciones para automovilistas.

Según Expansión, el Fondo Nacional Emprendedor (FNE) le otorgó entre 2013 y 2016 (nada más al estado de Yucatán) “542 millones de pesos para 74 mil proyectos, según datos del Instituto Nacional Emprendedor (Inadem), Y el apoyo continuó por los siguientes dos años” [3].

Para emprendedores e inversionistas, lo que hace falta en Yucatán es más prospección, pues la Península es considera­da por el Instituto Yucateco de Emprendedores (IYE) como “uno de los 13 mejores ecosistemas del mundo” según su in­forme Monitor Global de Emprendimiento capítulo Yucatán, 2018 [4]. Este avorazamiento incluye que Mérida sea la tercera ciudad mexicana que postula para recibir “fondos semilla” de Magma Partners, con capitales chilenos, colombianos, estadounidenses y chinos [5].

Mas los empresarios no la tienen fácil. Las sentencias de los amparos interpuestos por integrantes de comunidades en Yucatán y Quintana Roo contra el ASPY lograron que los jueces fueran duros y contundentes en frenar el Acuerdo.

En particular, el juez segundo de Distrito de Yucatán emitió una sentencia donde reconoce “el interés legítimo de los quejosos” y dictamina que la población maya debe ser tratada con “igualdad y no discriminación“; valora amplia­mente “la presencia de las comunidades y la trascendencia económica, política y religiosa de la cultura maya”. Establece “el reconocimiento expreso de la ocupación histórica de la comunidad indígena maya en el territorio de la península de Yucatán” lo que deriva en la necesidad de contar con su participación “a través de una consulta efectiva”, y sienta un precedente que, aunque no se aplique directamente en el nuevo acto jurídico que representa el Tren Maya, seguirá pesando por su reconocimiento profundo del sujeto maya en su territorio.

Tras insistir en que la consulta debe ser previa, de bue­na fe y debe dirigirse a los afectados o a sus representantes legítimos allegando “estudios imparciales y profesionales de impacto social, cultural y ambiental”, debe buscar el acuerdo “y en ocasiones será obligatorio obtener el consentimiento libre e informado de las comunidades, mediante procesos culturales adecuados y usando las formas e instituciones que ellos mismos ocupan para tomar decisiones”. [6]

En realidad, resulta problemático que se contemple una mayor urbanización e industrialización sin un análisis profundo, serio, plural. Algo seguro, que da para otro texto, es que el proyecto del tren acabará profundizando la crisis alimentaria de la península entre otras muchas crisis. Los bajos salarios en las industrias manufacturera y hotelera y el abaratamiento de los alimentos “chatarra’” promovieron una dieta que ha causado una transición epidemiológica ha­cia la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. En otras palabras, la inserción de una región al mercado mundial no implica una mejor calidad de vida, como sugieren algunos funcionarios públicos.

Tampoco se ha discutido el modelo de urbanización de Cancún, Mérida, Pisté, Tizimín, Valladolid, Escárcega, entre otros. Los impactos no se reducen únicamente a los suelos, las localidades y al desarrollo de ciudades extendidas, sino también implican un impacto en la red hidrológica de la pe­nínsula. Según el Registro de Derechos de Agua de la Cona­gua, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán se vierten unos 918 millones de metros cúbicos anuales de agua residual a las fosas sépticas, a los acuíferos y a cuerpos de agua; el sector servicios, entre ellos los hoteles, correspondieron al 68 por ciento del volumen de esas descargas. Subestimar el impacto en la red hídrica de los casi 17 millones de turistas que visitan Quintana Roo [7] anualmente implicaría un grave error de política pública y un riesgo para las comunidades que dependen de la toma directa de los acuíferos.

Por más que el gobierno actual haya declarado el fin del neoliberalismo, la estrategia nacional de integración eco­nómica planteada con el tren sugiere la puesta en marcha de una entrega geopolítica de un espacio clave como la Pe­nínsula de Yucatán, de frente a Estados Unidos, el Caribe y el norte de Sudamérica, espacio privilegiado para imponer el futuro del Golfo de México en su conjunto con todas las redes que de Estados Unidos llegan a ese mare nostrum de energéticos, comunicaciones y comercio de cualquier tipo de mercadería, desde la industrial hasta las personas y las que son producto de la ilegalidad.

En un contexto de violencia, desintegración del tejido social, y en ausencia de un proyecto de largo plazo que articule al país con base en las necesidades de una nación multidiversa que atienda los problemas ambientales y socia­les, el proyecto del Tren Maya quedará como otro proyecto que despoja a los pueblos de sus territorios, extrema las con­diciones existentes de desigualdad y amenaza con exacerbar la actual crisis ambiental de la región.

¿Estaría realmente dispuesto el presidente López Obra­dor a transformar y reconciliar al país abriendo un diálogo amplio sobre los riesgos que implica el proyecto en su con­junto y las alternativas de desarrollo integral planteadas des­de las comunidades y por los académicos y las organizaciones?

No parece ser el caso. La presentación de los supuestos encargados del Tren Maya en el Instituto de Estudios Histó­ricos nos deja perplejos, pues no dudaron que las 30 zonas arqueológicas por las que cruzará el Tren se verán afectadas, y eso está contemplado, aunque en el área de influencia haya “3 mil 24 sitios arqueológicos y 15 áreas naturales protegidas”. A lo más que se animan es a decir que en cualquier caso “se hará salvamento, y si se abre más extensión de vestigios por la construcción, tomaremos las medidas para conservarlos”.

Un proceder serio requeriría por lo menos una comisión intersecretarial precedida por Sedatu, SCT y Semarnat con la participación activa de las comunidades y organizaciones potencialmente afectadas por el megaproyecto. Escuchar (no consultar) a las comunidades afectadas y entender lo que avizora como futuro propio la población de la Península, se­ría apenas un primer paso en el trayecto para transformar la relación. Por ahora, el gobierno se empeña en llenar de rieles el camino.

Notas:

[1] https://www.proceso.com.mx/577099/por-adjudicacion-directa-fonatur-otorga-los-tres-primeros-contratos-del-tren-maya-por-casi-100-mdp?fbclid=IwAR1NnIKIjoMla7PQnp5bJLYZQF4r57Dz39I IKvqbSn979JGz8gNiTd33M-w

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Asur-participara-en-Tren-Maya-Jimenez-Pons-20181021-0075.html

[2] Angélica Pineda, “Yucatán: el nuevo‘mini’ Silicon Valley Mexicano”, Expansión, 5 de abril de 2019.

[3] Ibidem.

[4] Ibid.

[5] Angélica Pineda, “El fondo Magma Partners busca reforzar la inversión semilla en México”, Expansión, 19 de diciembre de 2018.

[6] Ver Juzgado segundo de Yucatán, Sentencia relacionada con el amparo 83/2017 VIA, otorgando el amparo y protección a los quejosos en contra del Acuerdo General de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán (ASPY) y su Anexo Único, 20 de octubre de 2017. Ver también Raymundo Espinoza, “Un triunfo del pueblo maya sobre el poder corporativo, los derechos colectivos frente a los negocios verdes”, UCCS, diciembre de 2017.

[7] http://caribemexicano.travel/ARCHIVOS/REPORTE%20TURISMO%20 2017.pdf

Fuente: Ojarasca, Suplemento La Jornada