"No vimos una decisión política firme de beneficiar a la agricultura familiar, campesina e indígena"

Natalia Manini vive en Mendoza y es integrante de la Coordinación del  Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST). La organización, que nuclea a productoras y productores de la agricultura familiar, campesina e indígena, integra La Vía Campesina y —desde 2021— la  Mesa Agroalimentaria Argentina.

Frente a un nuevo año electoral, Manini señala cuáles son las prioridades actuales del campo que produce alimentos, qué políticas públicas se necesitan y qué perspectivas tiene el sector en el inicio de 2023.

—¿Qué evaluación hace del Gobierno del Frente de Todos en materia de políticas agropecuarias?

—Hubo mucha política pública agropecuaria para el sector del agronegocio, el más concentrado, particularmente para el sector de los granos y muy pocas medidas para los pequeños y pequeñas productoras, para quienes producen para la mesa de los argentinos. Un ejemplo es el dólar soja. Este Gobierno es rehén de determinados sectores que concentran cada vez más producción y poder pero a la vez son los que más evaden y contrabandean.

—¿Por qué este Gobierno es rehén de esos sectores?

—En parte es por el poder que tienen en términos de producción, de volumen, de la capacidad de retener y en el tema del dólar. Uno puede entender que se pueda estar condicionado o parcialmente condicionado. Lo que no vemos es ningún reflejo para salir de esa situación. Se pueden plantear determinadas acciones tácticas, pero no veo que estratégicamente se esté pensando en políticas públicas que puedan desconcentrar ese camino. Vicentín fue una oportunidad que se perdió, como para poder regular e incidir en las cadenas de valor. Todo el tiempo se toman decisiones vinculadas al hecho de necesitar dólares y por eso ese sector condiciona la política pública. Sin embargo no hay un esquema de fortalecimiento a otros espacios productivos. Pensamos que eso se tiene que hacer con los recursos que se obtienen actualmente, controlando la evasión impositiva o el contrabando. Faltan instrumentos para controlar mejor. Tuvimos una inflación del 100 por ciento en algunos alimentos pero no vemos que haya un planteo estratégico en función de desempoderar a un sector y empoderar a otro.

—¿Queda margen político, en este año electoral, para impulsar medidas para la agenda campesino-indígena?

—Claro que hay margen. Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina hemos acercado propuestas que consideramos que sirven para fortalecer al sector de la economía familiar y también de las Pymes, de los pequeños productores de alimentos. Tenemos  cinco proyectos de ley que estamos promoviendo en las distintas Cámaras del Congreso que acercamos al Ejecutivo. Pero también hay instrumentos de muy corto plazo que quedaron a medias, como la aplicación de la Ley de Agricultura Familiar o el monotributo social agropecuario. Son cuestiones que están, que no hay que generar nada nuevo pero que van tres años de ir y venir y hay que fortalecerlas. Otras medidas fundamentales son las respuestas por las emergencias climáticas: tenemos sequía o hay provincias donde el granizo se llevó producciones completas. Hay herramientas que se pueden poner en marcha de forma inmediata, como los créditos a la producción, al agregado de valor o a los sistemas de comercialización.

—¿Se podrán tratar los proyectos de ley?

—Esperamos que se puedan tratar todos. Son cuestiones que venimos promoviendo desde hace mucho tiempo y apuntamos a que se puedan tratar lo más rápido posible. Por ejemplo, con el proyecto de Ley de Acceso a la Tierra buscamos que haya más productores trabajando en su tierra porque eso facilita la incorporación de prácticas agroecológicas. La agroecología es la única herramienta que entendemos como posible, no solamente por los agrotóxicos y por un problema de salud, sino también para la  preservación de los agroecosistemas. No es sostenible un planeta con este nivel de extracción de recursos naturales y de utilización de agrotóxicos. Vamos a seguir promoviendo estas iniciativas, independientemente del gobierno que esté, pero uno tenía la expectativa de que con el gobierno del Frente de Todos esto se pudiera concretar.

—¿Qué pasó con esa expectativa?

—No vimos una decisión política firme de beneficiar a la agricultura familiar, campesina e indígena, ni a las Pymes ni a los pequeños productores. Lo que vimos es una batería de medidas para los sectores más concentrados. Pero seguimos teniendo la expectativa y estamos haciendo todo lo posible. Durante estos tres años tuvimos una política activa de lucha, a través de los verdurazos, de los tractorazos, de sentarnos a dialogar, de presentar propuestas. Tuvimos una participación a todo nivel para que las políticas que necesitamos puedan avanzar. Lo vamos a seguir haciendo, con este Gobierno y con todos los que vengan.

—Recientemente se creó el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. ¿Cuál es la agenda urgente de trabajo para este organismo?

—Desde la Mesa Agroalimentaria no tuvimos la oportunidad de participar del proceso ni de la discusión sobre el Instituto. Tampoco tuvimos margen en la  Secretaría de Agricultura Familiar. Más allá del debate por el instrumento institucional, uno se pregunta por el cambio institucional profundo que supone su creación y ve que su implementación es compleja. En principio esperamos que el Instituto abra la participación para llegar a todos los productores, independientemente de a qué organización pertenezcan. Y, después, lo planteado con anterioridad: la resolución del monotributo social, la puesta en marcha de sistemas de crédito y de asistencia económica en emergencias climáticas y la implementación de la  Ley de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Son instrumentos que están y que se tienen que fortalecer de manera inmediata. La duda que nos queda es hasta dónde se va a poder desde ese espacio hacer cuando tenés toda una institucionalidad nueva por poner en marcha y te queda un año de gobierno.

—¿Qué le diría a la ciudadanía que aún no cree necesarias las políticas de acceso a la tierra y de soberanía alimentaria?

—El  acceso a la tierra y la soberanía alimentaria inciden de manera estructural en la vida de todos los argentinos. A veces la ciudadanía ve el campo como algo lejano pero lo que ocurre allí tiene una relación determinante con la producción de alimentos, tanto en la producción de frutas y hortalizas como en toda la cadena de valor porque los alimentos industrializados parten de una materia prima que se elabora allí. A lo largo de los años venimos viendo, no solo en nuestro país sino a nivel mundial, una gran concentración de la tierra. Eso implica que son pocos los actores que tienen y utilizan los territorios, los que pueden industrializar esa materia prima y comercializar. Esa cadena está ligada a una lógica especulativa donde el alimento es visto como una mercancía. Cuando hablamos de la Ley de Acceso a la Tierra, de la soberanía alimentaria y de la reforma agraria, entendemos que no es algo que deba resolver el Estado mientras la ciudadanía mira de lejos. Es totalmente necesario que la ciudadanía comprenda que, si seguimos por este camino, cada vez va a ser más difícil y más caro alimentarse. Y que ese alimento va a estar lejos de lo nutritivo y de lo sano porque, al estar sujeto a la especulación, la industria produce con lo más barato, no con lo mejor. Argentina tiene grandes ciudades donde vive la mayoría de la población entonces tenemos que redoblar los esfuerzos para comunicar por qué algo que parece lejano, como quiénes y cómo producen, en verdad es mucho más cercano. Nosotros ponemos al productor como un actor central en la elaboración de alimentos y por eso es necesario que pueda quedarse a vivir en el campo y que las condiciones para esto sean buenas. No solo respecto a la tierra, sino también en relación a las comunicaciones, a los caminos, a las escuelas. También es fundamental fortalecer a las pequeñas industrias que agregan valor y contribuyen al desarrollo de los pueblos de las provincias. La pandemia permitió correr un velo sobre la relevancia de la producción de alimentos. Quienes producen alimentos son personas claves y fortalecer a esos sujetos con el acceso a la tierra, entre otras medidas, es muy importante. La mayoría de los países que la ciudadanía mira como desarrollados y que concibe que allí se vive mejor tuvieron un proceso en el que la distribución de la tierra fue fundacional. No estamos promoviendo algo que no se haya practicado y que no haya tenido resultados positivos en otros lugares.

—Si tuviera que escribir el eje de política territorial, productiva y alimentaria para un programa electoral, ¿cuáles tres leyes o programas no podrían faltar en un próximo gobierno?

—Venimos promoviendo medidas que se resumen en cinco proyectos de ley. Pero hay tres ejes que entendemos como fundamentales para promover la producción de alimentos. Uno tiene que ver con la protección de aquellos ecosistemas que hoy están protegidos por familias campesinas que hacen un uso sostenible de ellos. El segundo tiene que ver con la Ley de Acceso a la Tierra y con la Ley de Arrendamientos, que son fundamentales para que quienes hoy producen alimentos lo puedan hacer en su tierra, sin arrendamientos carísimos, sin tener que estar moviéndose de un lugar a otro. De aprobarse la Ley de Acceso a la Tierra también ayudará a multiplicar las zonas que producen alimentos y a protegerlas de otros negocios que resultan rentables para unos pocos. El tercer eje tiene que ver con la promoción de la agroecología y del cooperativismo como una forma de organización más plural de los sistemas alimentarios. Esas son ideas fuerza, pero un programa de gobierno debe incluir además la asistencia a las emergencias, como la sequía o el granizo, los créditos, los subsidios para los sectores que lo necesitan y la adecuación de normativas necesarias para la agricultura familiar. En eso se ha avanzado pero es necesario continuar.

Fuente: Agencia Tierra Viva