Cuaderno de estudio: del golpe político al saqueo de tierras en Brasil

Todas las tierras consideradas cómo las “últimas tierras cultivables” para el avance de la frontera agrícola en el mundo se encuentran en países del sur global, y la extensión continental de Brasil pone sus tierras y recursos en el centro de una nueva premura por acaparar tierras. El auge de los productos básicos agrícolas y minerales después de 2008 y la codicia por la tierra que desató en el país ha venido alimentando la deforestación, la violencia y el acaparamiento de tierras. Por consiguiente, las contiendas por tierras públicas en el país han sido particularmente intensas durante este periodo.

Brasil ha venido reformando sus marcos jurídicos a fin de facilitar las inversiones, principalmente extranjeras, en el mercado de tierras y recursos naturales.

En 2012, la aprobación del Código Forestal perdonó la deforestación ilegal realizada hasta el 22 de julio de 2008 de unos 29 millones de hectáreas, así como permitió la deforestación legal incorporando otros 88 millones de hectáreas de vegetación autóctona para aumentar la frontera agrícola.

Existe ahora un cierto acuerdo mundial para perdonar la deforestación histórica con el fin de certificar la producción desde el punto de vista ambiental. La Directiva sobre Energía renovable de 2018 de la Unión Europea también consideró que los productos importados estaban "libres de deforestación", aunque procedieran de zonas deforestadas para 2008. No por nada Brasil viene siendo el principal socio comercial de UE en la importación de soya.

A finales de 2016, poco después del golpe institucional contra la presidenta Dilma Roussef, unos 26 marcos jurídicos sobre tierras en el país fueron abrogados para autorizar la pseudo-legalización del acaparamiento de tierras públicas en el país. Aprovechando un régimen de excepción propio de los golpes políticos, el presidente de la ocasión, Michel Temer, mediante una medida provisional que luego se convertiría en ley, comenzó a autorizar una transferencia masiva de tierras públicas a manos privadas al conceder indulto por el delito de invasión de tierras públicas para aquellas ocupaciones que se produjeron hasta el 22 de julio de 2008 —misma fecha contemplada por el Código Forestal para los indultos por deforestación. Esta medida “provisional” fue uno de los principales legados del golpe post-institucional.

Por lo tanto, desde ese milagroso 22 de julio de 2008, el país legalizó tierras —y su producción— sin que importara que provinieran de un ciclo violento de invasiones, deforestación y expoliación de los territorios de los pueblos originarios y las comunidades tradicionales. Esto beneficia y estimula el mercado de tierra que legaliza sus títulos espurios (“podridos”) y el rápido lavado verde de las “cadenas agroindustriales mundiales”.

La llamada “Ley del acaparamiento” [Lei da Grilagem], resultado de la Medida Provisional número 759 del 22 de diciembre de 2016, no sólo autoriza la regularización inmediata de unos 40 millones de hectáreas del patrimonio público federal (¡un área mayor que Alemania!), aumentando las áreas públicas ocupadas ilegalmente en la Amazonia Legal que pueden ser regularizadas; también desestructura la política nacional de la reforma agraria y facilita la introducción de los asentamientos ilegales en el mercado de tierras, lo que lleva a una verdadera contrarreforma agraria en el país.

En este contexto, este Cuaderno (disponible solo en portugués), elaborado conjuntamente por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), GRAIN, la Asociación de Abogados de Trabajadores Rurales (AATR) y la Asociación Brasileña de Reforma Agraria (ABRA), señala los principales cambios en las leyes, las principales ilegalidades, así como las posibles formas de hacer frente a estas amenazas en los territorios y por la sociedad en su conjunto, ya que: 

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Fuente: GRAIN