Venezuela

“Lo transgénico pertenece a una transnacional que vende esos paquetes. Trabajan en base a la producción y no toman en cuenta las consecuencias”, asevera la experta.

"Esta ley tiene entre sus principales propósitos preservar, proteger y garantizar la producción, multiplicación, conservación, libre circulación y uso de las semillas criollas, así como la promoción, investigación, innovación, distribución e intercambio de estos insumos, "desde una visión agroecológica socialista".

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó hoy (30 de enero) a convertir las ciudades del país en centros productores para consolidar la soberanía agroalimentaria.

Para los campesinos venezolanos, la semilla representa la base de la economía nacional, por ello, durante tres años, lucharon por la aprobación de una ley que proteja su producción, cultivo y comercialización ante los intereses de las transnacionales y grandes manufactureras.

"Las armas de destrucción masiva que utiliza la extrema derecha en su guerra económica están íntimamente ligadas al problema del campo, la dependencia alimentaria por falta de una política agraria más coherente hacia la soberanía agroalimentaria, así como la concentración de la población en las grandes ciudades con poca planificación y diálogo con el problema del campo."

Para promover la agricultura sustentable y garantizar la seguridad alimentaria, tal y como lo establece la Ley de Semillas, "tenemos que estar en sintonía de producir", en tanto que "la riqueza de Venezuela es que sabe producir lo que tiene, sabemos producir alimentos, y debemos rescatar esa conciencia", sostuvo Amelia Peña, de la Asociación de Productos Biológicos de Venezuela (Aprobiven).

La anterior Asamblea Nacional venezolana aprobó una ley de semillas sin precedentes en el continente: prohíbe los transgénicos y tiene como objetivo preservar las semillas criollas y promover la producción agroecológica. Habrá que ver si sobrevive en el nuevo contexto.

Diversas organizaciones campesinas regionales coincidirán para rechazar las intenciones de los nuevos parlamentarios de la derecha, que pretenden borrar las reivindicaciones ganadas en más de 15 años.