Perú

En un diálogo en profundidad con el referente del conocido como “Pacto de Unidad” que agrupa a las principales organizaciones campesino-indígenas del Perú, se describe el proceso de oposición a un decreto legislativo considerado de despojo de las comunidades en favor de la inversión privada en megaproyectos, así como la cruda realidad de históricas inundaciones en ese país con un saldo de más de 70 personas muertas y decenas de miles de desplazadas y desplazados.

La minera Santa Luisa Mining ha desconocido la mesa de diálogo conformada tras la protesta de los pobladores de la comunidad campesina de Llamac, en Áncash, por la ilegal posesión de sus terrenos en el tramo Salhuayoc-Taulimpa, por más de 22 años.

"Las empresas mineras y los Gobiernos extractivistas tienen mucha culpa y responsabilidad en las desgracias que están ocurriendo. Este aspecto de los desastres aparentemente “naturales” que están ocurriendo en el Perú no está siendo abordado, no sólo por los gobernantes actuales y sus funcionarios, sino incluso por los ecologistas o ambientalistas, incluyendo a los congresistas de esta orientación."

Tras reiterados debates y en medio del rechazo de la sociedad civil, principalmente pueblos indígenas y comunidades campesinas, hoy la Comisión de Constitución del Congreso decidió votar a favor de la derogación del DL 1333, según lo anunció a través de su cuenta de Facebook la parlamentaria Tania Pariona.

Dos 112 Decretos Legislativos promulgados recentemente pelo governo do presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK) com o objetivo de reativar a economia do país, dois em especial foram unânime e energicamente rechaçados por organizações indígenas andino-amazônicas e instituições ambientalistas e de direitos humanos, por representarem uma das maiores ameaças aos direitos fundamentais dos povos indígenas e originários do Peru.

"Las organizaciones rechazamos esta forma de legislar del gobierno, pues es excluyente y solo se atiende los grandes intereses. El país tiene que seguir creciendo económicamente, pero no pisoteando los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por normas nacionales e internacionales".

Una vez más líderes y lideresas sociales, defensores/as de derechos humanos y del medioambiente, son víctimas de la percusión judicial en el Perú.

Norma sería inconstitucional, crea organismo superpoderoso con exceso de competencias, subordina organismos, puede reubicar poblaciones si establece un territorio como "prioridad", y crea inseguridad jurídica, entre otros excesos. No se concibió por conducto regular y sería un abuso de las facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo.