Perú

Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, visitó Perú y comprometió al Gobierno a adoptar un mecanismo multisectorial para la protección de las personas defensoras.

Bajo el sol que calienta los arenosos bosques secos del distrito de Catacaos, en Piura, una comitiva de las Naciones Unidas, encabezada por el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, hizo un recorrido para conocer la realidad de la comunidad campesina San Juan Bautista que denuncia haber sido despojada de casi 10 mil hectáreas de sus tierras por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.

Tras varios años de juicio, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial B de Cusco, presidido por la jueza Lisbeth Yépez Provincia, finalmente resolvió absolver a los diez defensores ambientales de la provincia de Chumbivilcas que venían siendo investigados y acusados por las protestas frente a la empresa minera Anabi entre el 2011 y 2012.

Las empresas en el corredor minero hacen tabla rasa de los derechos humanos de los pobladores mediante la vulneración sistemática de los derechos ciudadanos, las garantías limitadas y las restricciones permanentes. Un cuadro del contexto que padece la región es descrito por el siguiente reporte de la asociación Derechos Humanos sin Fronteras y que por su gravedad y relevancia compartimos a continuación.

Cansadas de la indiferencia del gobierno las comunidades de Bambamarca, en la provincia de Hualgayoc, Cajamarca, se movilizarán el miércoles 8 de enero en demanda de agua limpia y no contaminada.

La Constitución Política actual de 1993, herencia del más rancio fujimorismo, tiene en su haber una gran deuda y omisión: la ausencia del reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

El Decreto de Urgencia 026-2019 sobre adquisición y expropiación de tierras de comunidades campesinas de Apurimac y Cusco es inconstitucional y viola el derecho a la autodeterminación territorial. Así lo explica Juan Carlos Ruiz Molleda, especialista en derecho constitucional, respecto a la norma expedida por el Poder Ejecutivo sin cumplir con la consulta previa y a pesar de lesionar directamente derechos de comunidades originarias. 

La concesionaria Cohidro, encargada del proyecto Hidrovía Amazónica, comunicó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) su desistimiento de continuar con el proyecto.