Paraguay

Desde noviembre pasado, miles de agricultores familiares en Paraguay se están movilizando en coordinaciones democráticos para luchar contra el modelo agroexportador impulsado por el gobierno del presidente Horacio Cartes. Este mes de febrero las protestas se intensificaron en cinco departamentos, incluyendo San Pedro, Canindeyú, Concepción, Alto Paraná y Caaguazú, la represión ha crecido en proporción a las protestas.

Realizan marcha de 5 días para exigir la renuncia del presidente de Paraguay, Horacio Cartes. Del 5 al 10 de febrero, miles de campesinas y campesinos paraguayos de distintas partes del país realizaron la “Larga Marcha” bajo la consigna “Paraguay se pone de pie”.

De 8 millones de kg en 2009 pasó a 43 millones de kg en 2013. Este y otros datos la sociedad civil acaba de acercar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, que desde este 23 de febrero examinará a Paraguay en torno al derecho a la alimentación adecuada y otros.

El titular de la Secretaría del Ambiente (Seam), Rolando De Barros, aseguró a grupos ambientalistas y a diputados que no autorizará la prospección geológica propuesta por el MOPC al pie del cerro León.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene planes de explotar la zona con el fin de producir una cantera, lo cual traerá consigo el desmonte del bosque, y pondrá fin al ecosistema que habita la zona, ecosistema rico y autóctono de la región.

Este informe se constituye en un informe alternativo al cuarto informe periódico de la República del Paraguay sobre el estado de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Empresas volvieron a accionar judicialmente contra la expropiación de tierras a favor de la comunidad Sawhoyamaxa.

La justicia paraguaya impartió una condena de 7 años al dirigente campesino Rubén Villalba, el único detenido por la Masacre de Curuguaty que todavía permanece en la prisión de Tacumbú. Fue condenado por invasión a la propiedad privada, una causa del 2008. Las organizaciones sociales señalan irregularidades en el proceso judicial y denuncian a la justicia como parte de la persecución a los movimientos populares.