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"La orden habría provenido del Juzgado de Minga Porâ y fue realizada a solicitud de Hermann Hut, quien reivindica la propiedad de una gran extensión de tierras en la zona".

"Durante todo el proceso de investigación fiscal-policial que ya lleva casi cuatro años de duración, nunca se investigó quiénes dieron muerte ni cómo a los 11 campesinos, el día de la masacre, cuyos cuerpos contenían varias balas de armas de fuego. Toda la investigación fiscal policial se concentró solo en las muertes de los seis policías. El hecho revela una parcialidad flagrante, aberrante jurídicamente hablando."

Miembros de la Comisión de Familiares y Víctimas de la masacre de Curuguaty presentaron este lunes en el Ministerio Público un pedido de investigación de la muerte de los once campesinos que fallecieron junto con los seis policías durante la masacre de Curuguaty el 15 de junio de 2012.

"De un total de 5.637.300 hectáreas de tierras cultivadas en Paraguay, 5.284.401 fueron cubiertas por soja, maíz, trigo, girasol, canola, tártago y otros cultivos industriales o de exportación y solo 352.901 hectáreas fueron cubiertas por cultivos como mandioca, hortalizas, maní, porotos entre otros".

Firma Yaguareté Porá SA ignora resoluciones judiciales que prohíben deforestación en zona donde viven ayoreos en aislamiento voluntario. La organización Gente, Ambiente y Territorio (GAT) difundió imágenes satelitales que muestran la rápida deforestación que viene perpetrando la firma brasileña Yaguareté Porá SA, propiedad de Marcelo Bastos Ferraz, en zonas del Patrimonio Ayoreo Totobiegosode del Alto Paraguay, Chaco, a pesar de haberle sido cancelada la licencia ambiental de parte de la Secretaría del Ambiente (Seam).

En la mañana de este lunes comunidades indígenas realizaron la primera jornada de protestas en el Chaco a fin de visibilizar sus demandas al Estado ante la visita del papa Francisco. Las comunidades exigen la devolución de una parte de su territorio ancestral.

El pasado 10 de mayo, ayoreos de la comunidad de Cuyabia descubrieron topadoras que recientemente desmontaron unas 3000 hectáreas, sumando ya así unas 6000. Esto, pese a una medida judicial de protección.

Los pasados 15, 16 y 19 de abril el gobierno paraguayo aprobó seis nuevos cultivos transgénicos de maíz. Sin embargo, esta información y los detalles del proceso de liberación -cuyas consecuencias afectan a todo el país- no fueron difundidas por ninguna institución del Estado hasta hoy, señala la organización Base Investigaciones Sociales.