Panamá

En nuestra región, la mayoría de la población se sostienen bajo una desigual distribución de la riqueza proveniente de un modelo de desarrollo inoperante, pero también víctimas de la degradación ambiental por el extractivismo de bienes ecológicos que a su vez, promueven efectos adversos al clima y por ende al ser humano.  A tales efectos negativos, las mujeres rurales en Panamá, son las gestoras de las profundas transformaciones ante el intervencionismo colonial y salvaje sistema capitalista, incidiendo en el diario caminar, ante las concesiones para proyectos extractivos de agua y tierra, es por ello que unen sus fuerzas y esperanzas en la sostenibilidad de un ciclo de vida biológico, popular y emancipatorio.

Ante un nuevo contrato para la extracción minera entre el estado panameño y Minera Cobre Panamá organizaciones ambientales, comunidades rurales y movimientos sociales presentaron su rechazó a este acto público, ya que es inconstitucional, y representa un retroceso en materia ambiental para el país. Las organizaciones civiles que forman parte del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería reitera el rechazo a esta actividad comercial, ya que atenta directamente contra el patrimonio natural. Máxime por la experiencia negativa de algunos proyectos mineros que han generado impactos negativos, y sin una reparación ambiental.

Los actuales conflictos a raíz del extractivismo de bienes ecológicos a favor de la economía nacional y el libre comercio, representan otra escena en la región donde se vulneran derechos humanos, áreas protegidas, sitios históricos, territorios ancestrales y culturas. Sin reparaciones, indemnizaciones y justicia socioambiental. Razones que nos llevan a lanzar, la Escuela Itinerante de Ecologismo Popular, como un medio de participación comunitaria rural para la formación y divulgación sobre el pensamiento crítico, Ecología Política, diálogo de saberes y herramientas de comunicación popular (inmediatas). Cuyo objetivo principal, es exigir una real justicia socioambiental.

Organizaciones de la sociedad civil (campesinos, ecologistas y gremios) de la provincia de Veraguas protestaron el pasado lunes 22 de noviembre en los predios de la Corte Suprema de Justicia de Panamá para exigir que dicte fallo a favor del proyecto de ley 171 que declara la cuenca del Río Santa María Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida Hidrológica. Proyecto de ley que fue remitido por la corte a la Procuraduría General de la Nación para consultar sobre su naturaleza jurídica, recomendando que el proyecto de ley 171 no es inexequible.

Después de más de una década de lucha, las comunidades campesinas adyacentes a la cuenca del Río Santa María en la Provincia de Veraguas, lograron la Aprobación del Proyecto de Ley 171 que declara la cuenca del Río Santa María Patrimonio Natural Nacional y Área Protegida Hidrológica (identificada como el número 132 en el sistema hidrológico de América Central).

Comunicado conjunto

Las organizaciones firmantes, miembros del Movimiento “Panamá Vale más sin Minería”, reafirman hoy su rechazo total al proceso de renegociación del contrato de Minera Panamá y la estrategia de expansión de la minería metálica que impulsa el gobierno nacional.

"El pasado 13 de julio de 2021 fueron desalojadas las últimas familias ubicadas en los predios a la entrada a la hidroeléctrica Barro Blanco. ¡Familias sin tierras y sin justicia, sin atención a sus derechos humanos violados! Y, esta triste historia se crea por los modelos de desarrollo que imperan por encima de la voluntad de los pueblos y que violentan las leyes y las territorialidades de Abya Yala".

En medio de la entrega del país a la minería por el gobierno del presidente Laurentino “Nito” Cortizo, la sociedad panameña acumula indignación ante todas las irregularidades legales y ambientales que han tenido históricamente las trasnacionales mineras en el territorio panameño.