México

Las luchas por el agua que crecen y se multiplican por el país y el mundo adquieren distintos rostros pero su fondo y su cauce son los mismos. Se trata de mantener el agua en su lugar para que se multiplique, y no drenarla, explotarla, envenenarla, venderla ni desperdiciarla por y sólo por ganancia económica de los unos cuántos que administran desastrosamente el planeta.

Tal vez se puso de moda el término territorio, y quizá hasta se abusa de éste queriendo sobre todo nombrar y reivindicar nuestro ámbito propio, nuestro espacio de dignidad, de sentido común, de apertura hacia el futuro. No obstante, aunque se abuse del término, su uso enfatiza la urgencia de tales reivindicaciones. En el fondo, lo que se reivindica cuando se invocan los territorios, nuestro territorio, es la relación ancestral que la gente, las comunidades, mantienen con la tierra, con la naturaleza. Una relación que no es objetual. No es la cosa tierra, y mucho menos el objeto naturaleza lo que está en juego.

El Congreso del Estado aprobó este miércoles la adición de un artículo a la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca, por el cual se prohíbe el uso, distribución, adquisición, donación, regalo o suministro de glifosato y otros agroquímicos previstos como riesgosos para la salud y el medio ambiente en diversos instrumentos internacionales sobre el tema.

"Convocamos en el marco del proceso jurídico abierto de nuestro compañero Miguel López Vega, criminalizado por defender el Rio Metlapanapa de la contaminación que pretendían llevar a cabo empresarios de Ciudad Textli y de la persecución y criminalización de varios de nuestros compañeros por la defensa del agua en contra de la empresa extractivista Binafont del corporativo Danone, a una Campaña Nacional Contra la Criminalización de la Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio, con el fin de visibilizar las distintas luchas que se llevan a cabo a lo largo y ancho de nuestro territorio y de contrarrestar la narrativa impuesta por los de arriba, en la que los verdaderos delincuentes y criminales, las empresas y los malos gobiernos de todos los niveles junto con sus instituciones como Conagua y Semarnat, que destruyen, saquean y contaminan nuestros territorios, señalan a los pueblos que se organizan y luchan contra ese saqueo y esa destrucción y los acusan de ser criminales cuando son ellos quienes cometen ecocidios y etnocidios en nuestras comunidades".

El megaproyecto de infraestructura “tren maya”, promovido por el gobierno federal, cuenta con inversiones alemanas involucradas en su planificación, construcción y puesta en marcha. Entre ellas, las corporaciones DB Consulting & Engineering, SIEMENS y TÜV Rheinland, así como la conexión con empresas de la industria de las armas alemanas.

En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.

La agricultura “protegida” de invernaderos instala un paisaje industrial donde antes había diversidad biológica, pueblos, cultivos, vida silvestre y mantos acuíferos. Llega a las regiones a privatizar, es decir, a aislar de la integralidad o de lo colectivo: el suelo, el clima, el agua, el trabajo y el entorno. Lo convierte todo en mercancía. Impone de forma irreversible plástico, cemento y metal.

La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.