Guatemala

Las autoridades indígenas piden declarar inconstitucional el uso de los organismos vivos modificados y expulsar el protocolo de Nagoya del ordenamiento jurídico de Guatemala, por promover despojo, privatización y uso lucrativo de conocimientos ancestrales.

En diálogo con Antonio Reyes, integrante de la resistencia comunitaria que durante seis años se enfrentó a un proyecto minero aurífero a las puertas de la Ciudad de Guatemala, repasamos la resistencia y sus victorias.

Desde hace algunos años los pueblos y las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y urbanas de Latinoamérica se encuentran amenazadas por la imposición en sus territorios de proyectos de desarrollo e infraestructura, también llamados proyectos de despojo, que vulneran sus derechos y están ligados a un modelo de explotación de la naturaleza que no tiene punto de comparación con procesos previos. Frente a este modelo, han surgido múltiples formas de defensa en los territorios, los bienes comunes, las diferentes culturas y modos de vida en las cuales implementan distintas estrategias basadas en los derechos humanos.

Hoy viernes 22 de julio, el Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala determinará la sentencia final que podría dejar en libertad a siete defensores ambientalistas presos desde febrero y marzo de 2015.

Aura Lolita Chavez es defensora de la vida y la Pacha. Integrante de la comunidad quiché en Guatemala, denuncia que recibió amenazas de parte de personas armadas tras las protestas por la tala indiscriminada de bosques. “Del Estado hemos recibido represión, racismo y exclusión”, afirmó.

"Frente al negocio de la tala inmoderada de los bosques, el CPK y Lolita Chávez hacen frente a otra de las formas de despojo que se vive en Guatemala, en palabras de Rigoberto Juárez Mateo autoridad ancestral maya Q’anjob’al uno de los presos políticos del país: “estamos viviendo el sexto despojo”. La movilización comunitaria puso públicamente ante la sociedad guatemalteca un tema que las autoridades gubernamentales y sus instituciones hacen de oídos sordos, el negocio ilegal de la tala de los bosques. Detrás podría estar la corrupción facilitandose desde distintas redes de empresas y empresarios que se benefician de la tala de los bosques, con la complicidad de los funcionarios públicos."

La empresa española Cobra construye un polémico complejo hidroeléctrico en la región más pobre de Guatemala cuyo impacto vulnera los derechos de 29.000 indígenas quekchí, según una denuncia de Alianza por la Solidaridad.

"La realidad es que la mayor parte de la población guatemalteca vive en condiciones de racismo y pobreza endémicas, que solo se mantienen así, gracias a la represión, la corrupción y la impunidad de los regímenes antidemocráticos que ostentan el poder".