Guatemala

"Hace dos años llegó un grupo de familias q’eqchi’ y formó la comunidad Agraria “El Gosen” en el municipio de El Estor, Izabal, donde pidió al Estado resolver su situación. Sin embargo, la Compañía de Níquel acusó penalmente a dos personas de la comunidad para forzar a la gente a salir. Días después, la empresa llegó con la Policía Nacional Civil al lugar".

"Ha producido el despojo de los territorios ancestrales de los pueblos originarios, con argucias legales o por la fuerza. Los movimientos campesinos-indígenas allí asentados protestan por ese despojo, por lo que hoy representan la principal afrenta al sistema capitalista dominante".

En el lapso de un mes, entre inicios de mayo y junio del presente año, fueron asesinados siete defensores comunitarios de derechos en sus respectivos territorios: Luis Marroquín, Florencio Pérez, Alejandro Hernández y Francisco Munguía, pertenecían al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Ramón Choc y Mateo Chamam, defensores del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), y Juan Xol Can defensor perteneciente a ambas organizaciones.

Las y los invitamos a ver este cortodocumental sobre los impactos socio-ambientales de la mina Marlín en San Miguel Ixtahucán, San Marcos.

“La situación es en extremo grave porque en menos de veinte días se han dado tres asesinatos contra dirigentes de comunidades que mantienen un proceso de negociación en el que participa el Estado”

"La aritmética más inversión-menos derechos se completa con la ecuación resistencia-incremento de la violencia. La represión agrede -históricamente- a dirigentes, organizaciones y comunidades, para debilitar las resistencias y favorecer los proyectos de despojo. Esta historia no tiende a diluirse sino se agudiza, en la medida que proyectos extractivistas en contra de la decisión de las comunidades y el bien común se multiplican".

Los días 15 y 16 de mayo de 2018, el Comité de Unidad Campesina –CUC- estará realizando su Asamblea Nacional Intermedia y en ese marco damos a conocer nuestra preocupación por el aumento de la criminalización en contra de dirigentes indígenas y campesinos.

No es la primera vez que Don Oscar Sánchez llega a los tribunales de San Marcos, previo al año 2015 cuando la empresa se instaló en la finca Argentina en el municipio de San Pablo, fueron apareciendo los problemas en las comunidades. Cuando la gente supo que la empresa quiso construir una hidroeléctrica sin previa consulta, se organizaron y protestaron, paso siguiente a don Oscar le tocó que acompañar a nueve hombres y una mujer criminalizados, que fueron encarcelados por oponerse a la hidroeléctrica.