Ecuador

El acoso contra Acción Ecológica por su denuncia de violaciones a derechos indígenas e impactos ambientales de la minería motivó que cinco relatores de la ONU exhortaran en diciembre al gobierno de Ecuador a revocar el proceso de clausura y reformar la legislación que usa para disolver grupos de la sociedad civil (ambientales, derechos humanos y sindicales).

Luego de que Acción Ecológica fuera notificada del inicio de un proceso de disolución a pedido del Ministerio de Interior, se nos dio un plazo de 10 días para entregar una respuesta con nuestras pruebas ante las acusaciones realizadas.

Las agresiones van en el contexto de de actividades que implican políticas extractivistas, como petróleo o minería.

"La gente se cree que no ha sido de los shuar. Nosotros jamás nos íbamos a imaginar que una empresa minera iba a comprar al Estado y a unos cuantos colonos lo que nos pertenece por ancestralidad. El gobierno olvida y como tiene muchos medios para hacerse oír, impone su verdad. En nuestro territorio no solo está Nankints, más de un 38 por ciento de nuestro territorio está concesionado a la minería de gran escala; todas las franjas de río de las cuencas Zamora y Santiago concesionadas a la pequeña minería; y una gigantesca hidroeléctrica que está a punto de ser construida. Y nuestra pregunta es ¿a dónde quieren que nos vayamos a vivir?"

La acusación de Emir Sader ( ver acá) a quienes firmamos el manifiesto impulsado contra el despojo de la comunidad Shuar a manos de proyectos de minería megaextractiva y la persecución de lxs militantes de Acción Ecológica es útil: explicita muchas de las razones que contribuyen a lo que él dice querer evitar: la debilidad –envuelta en soberbia– de lo que fueron o son los llamados “gobiernos progresistas” y de muchos de los intelectuales que se consideran orgánicos a ellos.

El 20 de diciembre pasado, el gobierno de Ecuador inició el proceso para disolver la organización Acción Ecológica (AE), que tiene 30 años de trayectoria ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional. Esa medida de extremo autoritarismo e intolerancia a la crítica social, intentando acallar a una organización social independiente, coincide con el escalamiento de la militarización y represión contra el pueblo indígena shuar en la Cordillera del Cóndor y la denuncia por AE sobre las violaciones allí cometidas.

"Durante las últimas semanas, el Socialismo del Siglo XXI ha mostrado su faceta más compleja. La ofensiva del presidente Rafael Correa en contra de la etnia shuar, ciudadanos del país y la sociedad civil para permitir el extractivismo minero chino en la provincia de Morona Santiago, visibiliza la contradicción que impera en el seno del progresismo latinoamericano cuando impulsa transformaciones en que el moderno modelo productivo industrial tradicional sigue siendo su eje principal."

Hace más de 23 años, 30.000 indígenas y campesinos residentes en las provincias de Orellana y Sucumbíos, de la Amazonía norte del Ecuador, agrupados en la Unión de Afectados por las Operaciones de Texaco, (UDAPT), iniciaron una acción judicial en contra de la transnacional Chevron Corporation, antes Texaco.