Colombia

La militarización de la gestión ambiental es una de las consecuencias de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que acaba de presentar el gobierno Duque. Allí la Naturaleza es presentada como un “activo” que será protegida por militares y policías, donde el componente “político” de una política ambiental queda por debajo de su militarización.

De acuerdo con la Contraloría, el proyecto de PND deroga el artículo 173 de la Ley 1753 de 2015 (artículo 183 del texto en estudio) “con lo cual se elimina la protección y delimitación de páramos para adelantar actividades de exploración y explotación de recursos naturales”.

“Nosotros llegamos cuando todo era montaña virgen, llegamos a explotar esas montañas, a abrir, a formar nuestro nivel de vida, porque la mayor parte de nosotros veníamos de una situación en Cajibío y Balboa muy crítica por la guerra. Entonces se llegó buscando una oportunidad de vida”, narra Mildred Campo, líder campesina del corregimiento de La Gallera, dentro de esta área protegida.

El Proyecto de Monitoreo de la Amazonia Andina se adelantó a las cifras oficiales y reveló que el año pasado perdió 156.722 hectáreas de bosque, estimativo que para Rodrigo Botero, Director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, se queda corto ya que calcula la pérdida de bosque en más de 200.000 hectáreas.

"Ahí están los resultados. Un valle del Sinú impactado en todos los sentidos, herido de muerte. Todo se está cumpliendo. Sea el momento para decir que muchos de los impactos del Sinú también se darán en el río Cauca y su zona de influencia, porque los impactos no son solo los del lecho del río; esos son inmensos en el mismo lecho, pero son nimios frente al conjunto de todos los que se suceden en toda el área de influencia, en centenares de kilómetros de influencia, y en todo el planeta. Los impactos ambientales de una hidroeléctrica son universales".

La liberación del río Cauca en Colombia es un imperativo ético para el país, una urgencia para la vida, la libertad de las aguas implica la liberación de los ricos sedimentos que tienen represados en Hidroituango, estos son alimento de las pocas especies que se salvaron de la mortandad producida por la ecocida Empresas Públicas de Medellin (EPM).

En el contenido de las bases del Plan Nacional de Desarrollo se advierte la profundización del extractivismo y se perfeccionan asuntos incompletos de los anteriores gobiernos.

Según las cifras del Sistema de Información de agresiones a defensores de derechos humanos SIADDH adelantado por el Programa no gubernamental Somos Defensores, desde 2016 hasta septiembre de 2018, 295 defensores y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Colombia y 1.046 amenazadas, todo para que sus ideas no sean escuchadas