Colombia

La Procuraduría solicitó al INCODER la revocatoria de la Resolución No. 1791 del 10 de julio por el cual destinó cuatro predios, “El Tomo”, “Mapiria”, “Yopare” y “La Alegría”, que suman 17.095 hectáreas ubicados en “el globo de mayor extensión denominado Carimagua”, a desarrollos agroindustriales de cultivos como palma, caucho y madera.

"Ratificamos nuestro compromiso con la construcción del movimiento campesino y rural, en unidad con los indígenas, afrocolombianos, pobladores urbanos y sectores sociales que luchamos por la defensa de nuestros derechos y que desde diversas dinámicas continuamos con el legado histórico de lucha social del campesinado, e invitamos al pueblo Colombiano y a las organizaciones sociales del sector Rural a vincularse activamente en la Campaña Nacional por la Seguridad y la soberanía alimentaria, la producción rural y la permanencia en el territorio."

Datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desalojo (Codhes), divulgados el último miércoles (26) revelan que, en 2007, Colombia tuvo el más alto número de desalojos forzados de los últimos cinco años. Casi 306 mil personas dejaron sus casas en dirección a otros 843 municipios

SIEC. Actualidad Étnica, Cauca, 21/02/2008. El Consejo de Autoridades Tradicionales del Pueblo Yanacona y el Cabildo Mayor, en ejercicio de la jurisdicción propia, usos y costumbres, declararon su territorio en emergencia sociocultural, ambiental y económica

“La estación experimental Carimagua ahora está abandonada y a la oferta de algún megaproyecto de 17 mil hectáreas por parte del Ministerio de Agricultura. La otrora visión exclusiva del CIAT hacia la ganadería vacuna en el Llano ha quedado rezagada ante los megaproyectos agrícolas. Cambio de época, 40 años de burocracia internacional científica a la vera de la sabana. Es el viraje del Banco Mundial (el CIAT, su órgano en Colombia) hacia los agrocombustibles, según los intereses del imperio”

Enqueri Ehuenguime, dirigente del Pueblo Waorani, denunció el asesinato de al menos 15 pobladores originarios por trabajadores de empresas madereras colombianas que realizan trabajos de explotación ilegal en el Parque Nacional Yasuní.

El predio, en Puerto Gaitán (Meta), tiene 17 mil hectáreas y se debía asignar a 80 familias. Pero en 10 días, y por 50 años, pasará a manos de empresas del sector palmicultor e inversionista.

En medio de las dramáticas transformaciones jurídicas, políticas y económicas implementadas por el gobierno nacional, relacionadas con la privatización de los recursos naturales y del reordenamiento del control sobre los territorios y recursos estratégicos del país, el día 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional, declaro inexequible la Ley Forestal, luego de una demanda por inconstitucionalidad, instaurada en el año 2007 por el “Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes”, elaborada a partir de una rigurosa sustentación jurídica por parte de este excelente grupo de trabajo, con el apoyo de amplios sectores de la sociedad civil.