Colombia

Entrevista a asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia, Héctor Mondragón. Su defensa de los derechos de los campesinos, indígenas y sindicalistas colombianos le ha llevado a la cárcel en siete ocasiones y al exilio en una, pero a este economista, hoy asesor de la Convergencia Campesina, Negra e Indígena de Colombia, no es tan fácil intimidarle. Su visita al Estado español es una muestra de que las amenazas y la persecución política que sufren él y los sectores sociales a los que apoya son en realidad una motivación más para alzar la voz. Y es que en Colombia, como nos deja claro en esta entrevista, existen muchas razones para no callar.

Para difundir los conflictos ambientales, sociales y culturales generados por los megaproyectos agroindustriales y los impactos sobre los territorios y culturas de las comunidades negras, indígenas y campesinas; desmitificar a los agrocombustibles, como una alternativa limpia, sostenible, que contribuye a la disminución del calentamiento global; evidenciar las políticas, los actores, los intereses de quienes promueven los megaproyectos de la agroindustria para combustibles; visibilizar las posiciones y propuestas de las comunidades para enfrentar la expansión de los cultivos para agrocombustibles e intercambiar herramientas para la resistencia, defensa de los Territorios y Biodiversidad y Culturas

En comunicado público, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y la Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano (FUNDECIMA) denunciaron en este martes (18) una serie de violaciones que han ocurrido a las comunidades afro descendentes del Corregimiento de El Hoyo-Patía, en Colombia. El comunicado hace conocer algunas de las demandas de estas comunidades, que desde el último día 13 han hecho presencia en la vía Piedrasentada para presionar el cumplimiento de acuerdos pactados con las empresas mineras, acusadas de causar los daños a las comunidades

En el periodo actual, la entrada del capital exterior y la dominación de las empresas transnacionales corresponden a la apertura de los mercados mundiales fruto del modelo neoliberal de desarrollo. La sobreexplotación de las materias primas (petróleo, oro, y otros metales), la extensión de los monocultivos para la exportación de productos agropecuarios y últimamente para la producción de agro combustibles, son al origen de las expulsiones de sus tierras de los campesinos y de las comunidades indígenas y afro descendientes. Obedecen a las exigencias de la globalización del capital y acentúan el carácter dependiente de las clases dominantes colombianas frente hacia el capital principalmente norteamericano y europeo. A la catástrofe social se añade un desastre ecológico

El desplazamiento forzado no es un delito ocasional sino un fenómeno sistemático que tiene, por lo menos en su última fase, una historia de más de veinte años. Un delito que, además, está relacionado con otros, desde masacres hasta amenazas, y, en general, con una situación permanente de violación de los derechos humanos. Al indagar en las causas del desplazamiento forzado, aludir al conflicto armado es, por cierto, una explicación insuficiente. En el fondo se encuentra la secular disputa por la tierra en sus dos acepciones principales: como recurso económico y como control territorial

En el mes de noviembre, ante la decisión de las comunidades y autoridades tradicionales indígenas de reiniciar los procesos de Liberación de la Madre Tierra, el Consejo Regional Indígena del Cauca, en unidad con la Organización Nacional Indígena del Colombia. ONIC, convocó a sesiones al Parlamento Indígena Popular que comenzó a deliberar el 22 de noviembre del presente año, en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María, Piendamó, el cual, en primer lugar, recogió información de los pueblos Nasa, Totoroes, Kokonuko, Yanacona, Eperara Siapidara, Polindara y Guambiano que realizan rituales, mingas y otras actividades de exigibilidad en municipios del Cauca y Huila

Cinco largos días de trabajo en donde se condensaron las expectativas de más de ochenta pueblos indígenas y se estructuró una nueva lucha por el movimiento, una semana entera trabajando por consolidar un gobierno propio que acoja a las comunidades indígenas del país y luche por la protección de sus derechos dejan hoy importantes aportes, leyes y estructuras al interior de la ONIC

Bajo el lema "Soy Yurumanguireño de Respeto, No consumo ni cultivo Coca", la Organización Étnico Territorial APONURY (Asociación Popular de Negros Unidos del Río Yurumanguí) en conjunto con el Consejo Comunitario del Río Yurumanguí y el Proceso de Comunidades Negras en Colombia están emprendiendo desde el año 2000 una campaña contra el cultivo de coca para fines ilícitos