Colombia

Exige al presidente de Colombia Juan Manuel Santos que detenga el desvío del Arroyo Bruno pues en los últimos meses la Multinacional Cerrejón ha recibido todos los permisos del gobierno para desviarlo con el fin de extraer más de 35 millones de toneladas de Carbón que hay en el lecho del arroyo.

"La Corte deberá decidir si la ley transforma de manera decisiva el régimen constitucional de baldíos introduciendo medidas regresivas en torno a la garantía del derecho a la territorialidad campesina".

"El capital transnacional, como en buena parte del mundo y particularmente en América Latina, ha jugado papel funesto y criminal en el proceso de la expansión del capitalismo, y por supuesto Colombia ha sido un botín a lo largo de su intrincada historia para sus protervos y codiciosos propósitos con la complicidad directa de la elitista clase dirigente."

"Invitamos a todas las comunidades rurales de toda la región, a estar alertas frente a este inminente riesgo que no ha sido superado, y que seguramente traerá múltiples conflictos sociales y ambientales de no ser resuelto de manera adecuada".

Un nuevo informe publicado el día 12 de abril por la organización británica Justice for Colombia da constancia por primera vez de una cifra alarmante de 534 activistas políticos asesinados en Colombia entre 2011 y 2015. El informe expone el asesinato de más de 90 activistas cada año, un promedio de dos cada semana durante los últimos cinco años.

Con el hashtag #elaguaesnuestra y la consigna “El agua es un derecho para la humanidad y no para las multinacionales”, mujeres del pueblo Wayuu iniciaron una campaña de emergencia en redes sociales para defender el Arroyo Bruno del desvío que provocará la mina Cerrejón.

"Para el derecho civil, la propiedad es una cosa, es un objeto, inanimado, es una mercancía, intercambiable, para los PPII la tierra no es objeto, es sujeto, es un ser vivo, es una deidad, es una fuente de identidad, es una condición de subsistencia, sin la cual la vida en comunidad peligra."

A principios de febrero, el ministro de agricultura, Aurelio Iragorri, señaló que los supermercados son responsables –junto con los intermediarios– de la carestía de los alimentos. El ministro se quejó del precio pagado por los supermercados a los productores y del precio final al consumidor, al manifestar que “aquí le sacan el jugo al campesino y le exprimen la billetera al consumidor”.